El juez que le echó la mano a Los Alegres del Barranco es el mismo que ordenó suspender la organización de la Elección Judicial.
Un juez federal otorgó un amparo a la agrupación musical Los Alegres del Barranco para suspender de forma provisional la prohibición de los narcocorridos en Michoacán.
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Con esta resolución, el grupo podrá continuar presentándose en eventos públicos, incluida una presentación que tienen programada para el 30 de mayo en Tziritzicuaro, luego de haber sufrido cancelaciones en municipios como Lázaro Cárdenas.
Como se recordará, el Gobierno del Estado de Michoacán emitió un decreto en el que prohibió la interpretación y reproducción de música que haga apología del delito. En este se establece que los géneros a los que se aplica el veto son los corridos tumbados, narcocorridos, corridos progresivos, corridos bélicos y corridos alterados.
Los Alegres del Barranco ganan suspensión a prohibición de corridos
El juez primero de Distrito de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, otorgó la suspensión de la prohibición de los narcocorridos, alegando que vulnera derechos fundamentales.
Santamaría Chamú argumentó que el decreto estatal constituye una forma de censura previa, lo cual está prohibido tanto por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como por tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En su resolución, concluyó que la prohibición por parte del Gobierno de Michoacán afecta de manera desproporcionada los derechos de los artistas musicales, como la libertad de expresión y el derecho al trabajo, ambos protegidos por los artículos 1, 5, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¿En qué consiste el nuevo amparo?
La medida cautelar garantiza que las autoridades señaladas no podrán aplicar el decreto ni realizar operativos de inspección en los eventos donde participe Los Alegres del Barranco.
El juez advirtió que el amparo garantiza que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran, protegiendo a la agrupación musical de cualquier acto de autoridad que pueda limitar su actividad artística y laboral.
La resolución destaca que cualquier restricción a la libertad de expresión debe ser “justificada y proporcional”, pues en el Estado de Derecho las normas no deben convertirse en mecanismos de censura y represión.
Como parte del proceso, el juez fijó una audiencia incidental para el 15 de mayo, fecha en la que se determinará si se mantiene o se revoca la suspensión provisional en favor de la agrupación.
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