La omisión del juez impidió a la Semarnat tener acceso a la información del juicio e impugnar la solicitud de prórroga de Calica.
A tres años de haber sido clausurada por daños ambientales graves en la región de Playa del Carmen, la empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, busca retomar sus operaciones por 22 años más, tras haber interpuesto un amparo en enero pasado.
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Sin embargo, el proceso ha sido cuestionado por la omisión del juez federal Martín Adolfo Santos Pérez de notificar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), revelaron fuentes relacionadas al caso a La Jornada.
Según los informantes, el juez Santos Pérez solo notificó del juicio a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dejando fuera a la Semarnat, dependencia clave en los procedimientos ambientales y en la defensa del territorio.
Esta exclusión impidió a la Secretaría tener acceso a la información del juicio e impugnar la solicitud de prórroga para la explotación minera en los predios La Rosita, La Adelita, El Corchalito y el puerto Punta Venado.
Calica presenta demanda para continuar operaciones
La demanda, interpuesta desde 2023, derivó de un juicio de nulidad que permitió a Calica continuar con una restauración parcial de los terrenos, pero sin que se incluyera explícitamente la sobreexplotación del material pétreo.
No obstante, las fuentes señalaron que la restauración aprobada en el juicio en realidad omitiría esa sobreexplotación, que en la práctica implica el doble del volumen autorizado originalmente.
Semarnat ha impugnado formalmente al enterarse de la situación, alegando que nunca fue notificada y que se estarían pasando por alto irregularidades serias. El caso podría resolverse este viernes en el Vigesimotercer Tribunal Colegiado, donde se definiría si Calica puede continuar con sus actividades en la zona.
De resultar favorecida, la minera podría evadir su obligación de actualizar y ejecutar el Programa de Restauración Ambiental, lo que equivaldría a dar por cumplidas tareas de remediación que nunca se realizaron, advirtieron las fuentes.
Activistas señalan a Calica por daño ambiental
Durante más de dos décadas, Calica ha enfrentado múltiples señalamientos por falsificar autoevaluaciones, explotar volúmenes por encima de lo autorizado, dañar el acuífero y realizar actividades sin los permisos forestales correspondientes.
Sus predios fueron clausurados en varias etapas entre 2018 y 2024, tras revelarse que la empresa solo restauraba una tercera parte del área explotada, en contravención a la normatividad.
Desde septiembre de 2024, los terrenos de la minera se encuentran dentro del Área de Conservación de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, decretada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual impide la explotación de piedra caliza.
A pesar de ello, Calica ha interpuesto más de 50 demandas de amparo y nulidad contra resoluciones ambientales, lo que ha generado al menos 200 expedientes judiciales activos, en una batalla legal que concierne a autoridades federales y defensores del medio ambiente en el Caribe mexicano.
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