Corrupción, abuso de poder y acoso aumentan en la Suprema Corte con Norma Piña
Lizeth Villegas,
14 diciembre, 2024
2 min de lectura
La SCJN de Norma Piña retomó los vicios de acoso laboral, abusos, tráfico de influencias y deficiencias en la escuela judicial.
De acuerdo con datos incluidos en el último informe de labores de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, el Poder Judicial de la Federación (PJF) cerró con 609 expedientes por faltas administrativas cometidas por el personal.
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A esos casos, se les sumaron 82 expedientes de años anteriores, por lo que durante dicho periodo se acumularon 691 expedientes, de los cuales tuvieron alguna resolución 551 y 140 quedaron en trámite.
Uno de los casos más mediáticos se dio a conocer en octubre pasado, cuando fue detenido en la Ciudad de México y vinculado a proceso uno de los colaboradores cercanos a la ministra Piña, Ricardo Márquez Blas, coordinador de Fortalecimiento Institucional de la Corte, por presunto abuso sexual en contra de dos de sus subordinadas.
El ministro en retiro Arturo Zaldívar ya había advertido de estos problemas al interior de la Corte, pues en junio de 2024 declaró ante medios que desde la llegada de Piña en 2023 se retomaron los vicios de corrupción, nepotismo, acoso sexual y violencia de género.
Zaldívar denunció la ausencia de políticas públicas de género al interior de la SCJN.
Denuncias contra funcionarios de la Corte se disparan en 2024
Según la SCJN, las denuncias aumentaron en 2024, ya que en 2023 se reportaron 396 expedientes, lo que representó un incremento de 53.79 por ciento.
Los 609 procesos administrativos se registraron entre el 16 de noviembre de 2023 y el día 15 del mes pasado, lo que significa que a diario se iniciaron 1.6 carpetas para investigar a los trabajadores denunciados por actos como corrupción, abuso de funciones, acoso laboral y sexual, entre otros.
La corte informó que 551 investigaciones fueron resueltas; de éstas,242 implicaron ampliar a informes de presunta responsabilidad administrativa, en nueve se cerró la investigación, tres se tuvieron por no presentadas las denuncias, en tres se concluyó la investigación de manera anticipada.
Los desechamientos obedecieron, en su gran mayoría, a incompetencias y, en otros supuestos, a que no se reunieron los requisitos de procedibilidad.
En su informe, la titular del PJF señaló que, para la adecuada atención de los casos de acoso laboral, acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género, así como para facilitar la accesibilidad a las personas con alguna discapacidad, se decretaron medidas cautelares en 15 asuntos; en seis casos el análisis se realizó con perspectiva de género y en un asunto más se efectuaron ajustes de procedimiento.
Con información de La Jornada
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