Al exgobernador priista Ignacio Peña se le acusa del desvío de casi 100 millones de pesos para la construcción del edificio del C5.
El exgobernador priista Ignacio Peralta fue vinculado a proceso por delitos relacionados al manejo de recursos públicos.
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José Ignacio Peralta Sánchez fue gobernador de Colima de 2016 a 2021 y durante su gestión la entidad experimentó una grave crisis financiera hacia el final de su mandato.
En julio de 2021, el gobierno estatal se declaró en quiebra técnica, anunciando que no tenía fondos para pagar la nómina de los trabajadores del estado, jubilados y pensionados. Además, se reportó una deuda pública y de corto plazo que superaba los 11 mil millones de pesos.
En cuanto a violencia, la entidad pasó a ocupar los primeros lugares nacionales en tasa de homicidios dolosos debido a las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, principalmente por el control del puerto de Manzanillo.
Vinculan a proceso a Ignacio Peralta
El exgobernador priista Ignacio Peralta fue vinculado a proceso por irregularidades financieras durante su gestión como mandatario de Colima.
Peralta Sánchez fue vinculado junto a su exsecretario de Finanzas, Carlos Noriega, pero a pesar de la vinculación a proceso, el juez determinó que ambos podrán llevar el juicio en libertad, imponiéndoles el pago de una garantía económica o fianza.
Además, se les ordenó una restricción de viaje que les impide salir del país mientras dure el proceso y deben presentarse ante el juzgado cada determinado tiempo para asegurar que no se sustraigan de la justicia.
¿De qué acusan al exgobernador Ignacio Peralta?
La Fiscalía Anticorrupción de Colima informó que ambos exfuncionarios están acusados de los delitos de peculado y uso indebido de funciones y facultades.
Se documenta un daño al erario por el desvío de 70 millones de pesos. La investigación señala que ese dinero estaba etiquetado originalmente para el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol).
Se alega que, en lugar de destinarse a las pensiones y prestaciones de los trabajadores, los fondos fueron transferidos a otras cuentas para cubrir gastos corrientes del gobierno estatal sin la debida justificación legal.
Además, se le acusa del desvío de casi 100 millones de pesos para la construcción del edificio del C5i y la remodelación del Palacio de Gobierno.
La fiscal Esperanza Ramírez confirmó que el proceso penal continuará a la par de las investigaciones complementarias del caso.
Por su parte, la defensa de los exfuncionarios ha argumentado que los movimientos de dinero fueron necesarios para la operación del Estado durante crisis financieras y que no hubo un beneficio personal.
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