Estos recursos legales han logrado, en distintos momentos, frenar capturas y descongelar recursos financieros de Cabeza de Vaca.
Un juez federal fue vinculado a proceso por ofrecer otorgar amparos al exgobernador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca con los que ha podido retrasar su proceso legal.
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Durante la audiencia de imputación realizada este jueves, el juez Ricardo Ignacio Rivera determinó que existen elementos para investigar a Juan Fernando Alvarado como presunto responsable de delitos contra la administración de justicia, previstos en el Código Penal Federal.
El juez de control que dictó la vinculación a proceso determinó que existen elementos para investigar si el juez federal actuó con parcialidad. La acusación sostiene que este habría excedido sus facultades al realizar un análisis que no correspondía a un juicio de amparo.
A pesar de la vinculación a proceso, el juez imputado enfrentará el proceso bajo libertad, pero se le han impuesto ciertas restricciones: No podrá salir del país sin autorización, deberá presentarse periódicamente ante el juzgado y se fijó un plazo de algunos meses para la investigación complementaria.
Cabe señalar que no es la primera vez que el juez se ve envuelto en este tipo de prácticas, apenas en febrero de 2026, el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación inhabilitó por un año a Juan Fernando Alvarado por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Los amparos que favorecieron a Cabeza de Vaca
Los amparos otorgados a Francisco García Cabeza de Vaca han sido el eje de una intensa batalla legal entre el exgobernador de Tamaulipas y la Fiscalía General de la República (FGR). Estos recursos legales han logrado frenar capturas y descongelar recursos financieros.
En febrero de 2023, el juez octavo de Distrito en Tamaulipas concedió un amparo que ordenaba cancelar la orden de aprehensión emitida contra Cabeza de Vaca por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En esa ocasión determinó que la FGR no presentó pruebas suficientes para acreditar que el exgobernador fuera parte de una organización criminal, calificando las imputaciones como deficientes.
Otra serie de amparos permitió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberara las cuentas bancarias de Cabeza de Vaca y su círculo cercano, incluyendo a su esposa e hijos.
Los jueces federales ordenaron el desbloqueo argumentando que la UIF no demostró que el congelamiento de las cuentas fuera una solicitud expresa de una autoridad extranjera.
En un tercer movimiento, el exgobernador fue beneficiado por otro amparo para anular la alerta migratoria emitida por el Instituto Nacional de Migración y se concedió la suspensión definitiva contra la ficha roja, argumentando que violaban el derecho al libre tránsito del quejoso al no existir una sentencia firme en su contra.
Incluso después de dejar el cargo, Cabeza de Vaca buscó protección legal para mantener un equipo de escoltas pagado por el erario de Tamaulipas.
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