La UIF detectó un esquema de corrupción que involucró el desvío de 745.9 millones de dólares durante la gestión de García Luna.
Este jueves, la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, dictó una sentencia histórica en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, como resultado de la demanda civil presentada por el Gobierno de México en 2021, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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La jueza Lisa Walsh resolvió que García Luna deberá pagar 748.8 millones de dólares, mientras que su esposa fue condenada a cubrir mil 740 millones de dólares, lo que suma entre ambos más de 2 mil 488 millones de dólares.
Esta cifra responde a lo estipulado por la ley de Florida, que permite triplicar el monto original reclamado por el demandante en casos de corrupción y fraude comprobado.
La sentencia es el resultado de un esquema de corrupción que, según documentó el Gobierno mexicano, involucró al menos 30 contratos públicos que permitieron el desvío de 745.9 millones de dólares del erario, durante la gestión de García Luna como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
Los fondos fueron canalizados al extranjero mediante paraísos fiscales, para posteriormente invertirse en bienes raíces, empresas y otros activos en Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida.
Resoluciones de culpabilidad emitidas contra García Luna
Antes de esta resolución, ya se habían dictado siete resoluciones de culpabilidad contra García Luna, su esposa y cinco de sus empresas, debido a su negativa de presentarse a juicio.
En uno de los casos, contra la empresa Delta Integrator LLC, ya se logró la recuperación de 1.97 millones de dólares, así como la transmisión de un inmueble valuado en 555 mil 800 dólares, además de otros 275 mil dólares recuperados tras el vencimiento de una hipoteca otorgada por la misma empresa.
Los recursos ya fueron depositados en la Tesorería de la Federación, y el inmueble se encuentra bajo administración del Estado mexicano para su futura venta.
Aunque no se han localizado otros bienes a nombre directo de los acusados o de sus empresas OGGI CAFFE LLC, GL& ASSOCIATES CONSULTING LLC y GLAC SECURITY, el Gobierno mexicano podrá ejecutar la sentencia sobre cualquier bien que se identifique en el futuro, incluso si estos están a nombre de terceros que actúen como testaferros.
Este fallo es independiente del proceso penal que enfrenta García Luna en Nueva York, donde fue declarado culpable de vínculos con el Cártel de Sinaloa y condenado a más de 38 años de prisión.
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