El gobierno de Bukele confirmó la decisión del mandatario y de Donald Trump a través de un memorando para revelar el acuerdo.
El gobierno de Donald Trump llegó a un acuerdo con El Salvador para pagar 6 millones de dólares por el encarcelamiento de aproximadamente 300 presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua. Dicho trato, que marca una de las primeras instancias en que el país centroamericano acepta migrantes desde Estados Unidos, se llevará a cabo en una prisión salvadoreña de alta seguridad.
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El convenio se concretó tras negociaciones entre el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Como parte del acuerdo, Washington cubrirá un costo aproximado de 20 mil dólares anuales por cada prisionero. Un documento del Departamento de Estado sugiere que Estados Unidos podría destinar hasta 15 millones de dólares adicionales si decide enviar más detenidos al país centroamericano.
Los memorandos oficiales que detallan la transferencia no explican cómo fueron identificados estos 300 individuos como integrantes del Tren de Aragua. Dicha pandilla, originada en Venezuela, se ha expandido por varios países de América Latina y ha sido señalada por el gobierno de Trump como una de las mayores amenazas vinculadas a la migración ilegal.
Desde que asumió la presidencia, Trump ha convertido al Tren de Aragua en un símbolo de los riesgos asociados con la inmigración irregular y el mes pasado la designó formalmente como “organización terrorista extranjera”. Sin embargo, críticos señalan que hasta ahora se ha proporcionado poca evidencia para respaldar estas afirmaciones.
Trump y Bukele pactan deportar presuntos pandilleros a El Salvador
El acuerdo con El Salvador se da en el contexto de una política migratoria más estricta por parte del gobierno de Trump, que ha explorado diversas alternativas para lidiar con la crisis migratoria. En octubre, Washington empezó a enviar a migrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo, en Cuba, antes de deportarlos a Venezuela, un proceso que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos.
Además de los 300 presuntos miembros del Tren de Aragua, el gobierno salvadoreño aceptó recibir a dos individuos acusados de pertenecer a la MS-13, una pandilla con fuertes raíces en El Salvador. Entre ellos se encuentra César Eliseo Sorto Amaya, condenado por doble homicidio en su país y posteriormente capturado al ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
El acuerdo ha generado cuestionamientos debido a la falta de transparencia en la identificación de los presuntos pandilleros y a la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses sean enviados a El Salvador, algo que en teoría es ilegal bajo la legislación de Estados Unidos.
Mientras tanto, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro no ha respondido oficialmente al anuncio. En el pasado, Caracas ha rechazado la repatriación de migrantes deportados desde Estados Unidos, salvo en contadas ocasiones. A pesar de los esfuerzos de Trump por endurecer su política migratoria, las deportaciones masivas a Venezuela siguen siendo limitadas.
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