El Tribunal determinó que la FGR carecía de legitimación jurídica para presentar el recurso de queja, por lo cual lo desecharon.
Un Tribunal Federal declaró improcedente e infundado el recurso de queja interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la suspensión provisional concedida a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, por lo que la orden de aprehensión en su contra no podrá ejecutarse por el momento.
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Aureoles enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la compra de cuarteles para la Guardia Civil en diversos municipios michoacanos.
Durante una sesión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, el secretario en funciones de magistrado de circuito, Winyber Jiménez Navarrete, explicó que el agente del Ministerio Público Federal carecía de legitimación jurídica para presentar el recurso de queja, motivo por el cual fue desechado por unanimidad.
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Además, Jiménez Navarrete señaló que los argumentos de la Fiscalía eran inoperantes, ya que no cuestionaban la jurisprudencia utilizada por el juez federal para conceder la suspensión.
Esta jurisprudencia establece que cuando se solicita amparo por una orden de aprehensión no relacionada con delitos de prisión preventiva oficiosa, la suspensión puede concederse para evitar la detención, incluso si posteriormente se impone prisión preventiva justificada.
Pese a la suspensión, el juez de distrito dejó en claro que el exmandatario debe comparecer voluntariamente ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Oriente, en un plazo de tres días hábiles, una vez que deposite una garantía de 52 mil pesos, para lo cual se le otorgaron cinco días. En caso de incumplimiento, la suspensión será revocada.
La FGR ha señalado que Aureoles y cuatro de sus excolaboradores están involucrados en un presunto daño patrimonial al erario superior a 3 mil 400 millones de pesos, derivado de la adquisición a sobreprecio de cuarteles en Huetamo, Apatzingán, Coahuayana, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Cabe recordar que, en marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a los cuatro exfuncionarios cercanos a Aureoles, por su presunta participación en este esquema de corrupción que afecta tanto al gobierno estatal como al federal.
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