Las autoridades detectaron transferencias millonarias desde el extranjero que no coinciden con los ingresos de Eduardo Verástegui, por lo que el caso sigue abierto.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) avaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) continúe con la investigación sobre el origen de los recursos que el actor Eduardo Verástegui utilizó para financiar sus aspiraciones presidenciales en 2024, particularmente por transferencias provenientes del extranjero que superan los 6.9 millones de pesos.
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Por unanimidad, la Sala Superior rechazó la solicitud del también activista, quien buscaba que se declarara la caducidad del procedimiento iniciado por el INE hace más de dos años. Con esta resolución, el organismo electoral podrá seguir rastreando los movimientos financieros y determinar si existió alguna irregularidad.
Dicho caso se remonta a febrero de 2024, cuando el Consejo General del INE detectó inconsistencias en los informes de fiscalización presentados por Eduardo Verástegui. Entre ellas, omisiones en el reporte de gastos de propaganda, falta de comprobantes contractuales y discrepancias entre ingresos y egresos.
Además, se identificaron transferencias internacionales relevantes que habrían sido utilizadas para financiar la recolección de firmas ciudadanas necesarias para su registro como candidato independiente, meta que no logró alcanzar.
¿Por qué investigan a Eduardo Verástegui?
De acuerdo con el INE, el punto central de la investigación son diversas transferencias provenientes del extranjero, incluyendo recursos enviados por una consultora política con sede en Miami, Estados Unidos, identificada como Partner 305 LLC.
Entre los movimientos más significativos se encuentran depósitos por 450 mil y 340 mil dólares, montos que, según los consejeros electorales, no corresponden con la capacidad económica reportada por Eduardo Verástegui.
Cuando la autoridad solicitó aclaraciones, el también actor reconoció que las cuentas eran de su propiedad, pero entregó información incompleta o testada, lo que impidió verificar saldos y origen de los recursos. Posteriormente, argumentó motivos de seguridad personal para no proporcionar más detalles.
Por si lo anterior no fuera suficiente, el INE también consideró que, para reunir esas cantidades con recursos propios, el aspirante habría necesitado generar ingresos equivalentes a más de un año, lo que incrementó las dudas sobre la procedencia del dinero.
A pesar de que inicialmente se contemplaba una sanción superior a 1.4 millones de pesos, esta fue reducida a 144 mil pesos tras alegar incapacidad económica, situación que reforzó las sospechas sobre el financiamiento.
En su intento por frenar el proceso, Eduardo Verástegui argumentó que la investigación había quedado inactiva; sin embargo, el INE informó que ha mantenido diligencias constantes desde abril de 2024 hasta junio de 2026.
El Tepjf coincidió con esta postura y determinó que no existe omisión ni caducidad en el caso, por lo que el INE deberá continuar con las indagatorias y, en su momento, informar si se acreditan posibles ilícitos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.
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Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
