La SCJN argumentó que autorizar la revisión abriría la puerta a impugnar los procesos de votación en todos los asuntos de la Corte.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar el voto de calidad emitido durante la discusión de un recurso de revisión interpuesto a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el expresidente López Obrador.
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Durante la discusión de dicha reforma, en la extinta Segunda Sala de la SCJN se produjo un empate al discutir uno de estos amparos. Para romper el empate, el entonces presidente de esa sala, el ministro Alberto Pérez Dayán, emitió un voto de calidad, lo que permitió amparar a las empresas y frenar la aplicación de la Ley Eléctrica.
En esa ocasión, empresas privadas interpusieron amparos argumentando inconstitucionalidad.
SCJN batea revisión de amparo que frenó reforma de AMLO
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz presentó un proyecto que buscaba declarar procedente un recurso de reclamación interpuesto por el Poder Ejecutivo contra ese voto de calidad de Pérez Dayán.
Aguilar Ortiz argumentó que los integrantes de la antigua Segunda Sala se habían “apartado del mandato legal” al emitir un voto de calidad que definió una ley de gran importancia pública.
Su intención era que el Pleno de la SCJN pudiera revisar la sentencia emitida por los ministros anteriores.
Los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Lenia Batres Guadarrama señalaron que esto vulneraría principios constitucionales de seguridad jurídica y cosa juzgada, y abriría la puerta a impugnar los procesos de votación en todos los asuntos de la Corte.
“De consentirlo, estaríamos abriendo la posibilidad de que fueran impugnables los procesos de votación de este órgano colegiado en todos los asuntos… el recurso de reclamación es un medio pensado en la ley para acordar trámites, pero no para impugnar votaciones de las personas juzgadoras”, puntualizó la ministra del pueblo.
¿En qué consistía la Ley de la Industria Eléctrica de AMLO?
La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de 2021, promovida por AMLO, buscaba modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para dar prioridad a la generación de electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las energías privadas (renovables y otras).
El objetivo principal de la reforma fue recuperar la “soberanía energética” del Estado y fortalecer a la CFE como el actor dominante del sector eléctrico.
Sus puntos clave incluyen establecer que genere un mínimo del 54 por ciento de la electricidad, que el litio sea explotado exclusivamente por el Estado, y que opere como una sola entidad integrada, controlando el despacho eléctrico.
Dicha reforma otorga al Estado la responsabilidad de conducir la transición energética hacia fuentes renovables, así como la planeación y ejecución de políticas energéticas.
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