Esta resolución de la nueva SCJN pone fin a una disputa legal promovida por varios estados de la república que duró seis años.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la extinción de los 109 fideicomisos que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó eliminar en 2020.
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El expresidente López Obrador impulsó la eliminación de dichos fideicomisos al considerar que se habían convertido en “cajas chicas” que permitían el manejo de dinero público sin fiscalización.
AMLO sostuvo que, al no estar sujetos a las mismas reglas de transparencia de los presupuestos directos, eran instrumentos que facilitaban la corrupción y el desvío de recursos.
La medida eliminó los fondos en el Fondo para atender Desastres Naturales (Fonden), Fidecine, Fondos del Conacyt, Fondo para protección de personas de Derechos Humanos y periodistas, entre otros.
SCJN valida extinción de fideicomisos impulsada por AMLO
La SCJN avaló la legalidad del decreto que ordenó la extinción de diversos fondos y fideicomisos federales.
“El Pleno determinó que estos instrumentos son mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo Federal y que su eliminación, o la modificación en la forma de canalizar los recursos, no invade las competencias estatales, ya que los estados pueden seguir ejerciendo plenamente sus atribuciones”, informó la Suprema Corte en redes.
El ministro Aristides Guerrero fue el encargado de presentar ocho proyectos de sentencia de igual número de controversias constitucionales enviadas por los estados sobre los fideicomisos.
El ministro calificó como “irresponsable” el actuar de la anterior integración de la Corte, debido a que desde 2021 pudo discutir en el Pleno dichas controversias, pero durante cuatro años se guardaron en tema.
La SCJN determinó que los fondos y fideicomisos son instrumentos auxiliares del Poder Ejecutivo Federal, por lo que tiene la facultad de eliminarlos, modificarlos y canalizar los recursos mediante diversos mecanismos.
Pese a que el Pleno votó de manera unánime, algunas ministras manifestaron algunas preocupaciones sobre la decisión.
Fue el caso de la ministra Yasmín Esquivel, quien manifestó que, en cuanto al Fondo para la Atención a Víctimas, podría constituir una regresión que afecte a los derechos humanos, pues se garantizaba un presupuesto mínimo anual para las víctimas de delitos y violencia.
Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías coincidió en que algunos de estos fideicomisos daban garantías de cumplimiento de derechos humanos que ahora las entidades federativas podrían tener más dificultades para financiar.
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