Ricardo Salinas Pliego recurrió a la CIDH con los mismos argumentos que usó el venezolano Marcel Granier, alegando persecución política.
Una vez más, el nombre de Ricardo Salinas Pliego se encuentra en el ojo de la polémica, pues se ha dado a conocer que ya no solo imita modelos televisivos ajenos, sino que también ha replicado una estrategia jurídica ya conocida en América Latina.
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Y es que el empresario mexicano recurrió a la misma vía utilizada por el venezolano Marcel Granier tras el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV): denunciar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una supuesta violación a la libertad de expresión.
Fue el pasado 13 de enero que Ricardo Salinas Pliego presentó en Washington una demanda contra el Estado mexicano, con la que inició un litigio internacional que podría extenderse durante años. El recurso legal se suma a la disputa fiscal que mantiene desde hace más de una década y que, tras un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo obligó a comenzar a pagar sus impuestos.
Salinas Pliego copia a empresario venezolano al ir a la CIDH
La estrategia no es nueva. El propio caso de Marcel Granier ilustra la duración y complejidad de este tipo de procesos, luego de que el gobierno de Hugo Chávez decidiera no renovar la concesión de RCTV en 2007, la CIDH admitió la petición del empresario venezolano hasta 2011 y, posteriormente, el caso fue turnado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió sentencia hasta 2015.
Salinas Pliego ha retomado los mismos argumentos: persecución política, uso del aparato fiscal y judicial como mecanismo de presión y una afectación directa a su libertad de expresión. Incluso ha comparado públicamente a México con Venezuela y difundido entrevistas de Granier para reforzar su narrativa, pese a que sus concesiones de televisión en la nación azteca están vigentes hasta el año 2042.
En su demanda, el empresario exige que la CIDH declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición para proteger, según él, la independencia judicial, la libertad de expresión y el derecho de propiedad.
El caso Marcel Granier en Venezuela
Algo a tomar en cuenta es que en el expediente de Granier, la CIDH concluyó en 2011 que el Estado venezolano incumplió las reglas en la renovación de concesiones y afectó la libertad de expresión de directivos y periodistas de RCTV. La Corte Interamericana determinó en 2015 que Venezuela atentó contra la libre circulación de ideas y ordenó restituir la concesión y los activos del canal.
Ese precedente es el que ahora invoca Ricardo Salinas Pliego, aunque no queda claro si su objetivo es únicamente que se reconozca una supuesta violación a sus derechos humanos o también revertir el pago de impuestos que actualmente enfrenta.
Grupo Salinas no hizo público el documento completo entregado a la CIDH. En un comunicado, afirmó que la denuncia expone una persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada, así como un presunto debilitamiento del Poder Judicial.
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Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
