Salinas Pliego y su familia fueron beneficiados con la Ley de Aguas salinista que les permitió adueñarse de varias concesiones.
Ricardo Salinas Pliego mantiene un conflicto permanente con el gobierno federal. Dice que el Estado lo castiga por defender la “libertad económica” y por negarse a pagar impuestos. Sin embargo, el fondo del problema es más profundo. Se relaciona con la acumulación estratégica de concesiones de agua en distintas regiones del país.
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De acuerdo con una investigación de Polemón, el caso más visible es el del campo de golf en la Bahía de Tangolunda, en Huatulco. Es un predio de 85 hectáreas concesionado durante el gobierno de Felipe Calderón. Salinas Pliego utilizó ese espacio como si fuera un jardín privado frente al mar. Cuando la concesión terminó, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo declaró Área Natural Protegida. El objetivo era enlazar dos zonas de selva. El empresario respondió con acusaciones. Llamó “expropiador” al gobierno y dijo que se afectaba la inversión privada.
Hay elementos que no mencionó. Autoridades ambientales documentaron que el campo de golf habría usado agua sin permisos válidos. Las concesiones vigentes solo autorizaban agua para acuacultura. No obstante, se habría desviado líquido para regar el campo. Semarnat señaló que este riego podía consumir diez veces más agua que la utilizada por toda la población de Huatulco en un día. El caso mostró el nivel de uso intensivo del recurso. También mostró cómo opera el empresario en zonas con estrés hídrico.
Pero Huatulco no es el punto central. El verdadero poder hídrico de Salinas Pliego está en sus empresas y en concesiones que no siempre tienen relación con sus actividades comerciales. Este patrón ha encendido alertas entre especialistas y organizaciones que analizan la crisis del agua en México.
Las concesiones de agua de Banco Azteca
Banco Azteca posee al menos tres concesiones de agua. Una de ellas se usa para descargas. Las otras dos permiten la extracción directa de grandes volúmenes. La naturaleza de estas concesiones resulta extraña. Un banco no suele necesitar agua para operar sus servicios. Aun así, cuenta con permisos que lo colocan en una posición ventajosa en zonas con sequía permanente.
En Nayarit, Banco Azteca obtuvo en 2021 una concesión de 45 mil metros cúbicos por año. Eso equivale a 45 millones de litros. La cifra resulta llamativa, pero no es la más grande. Un segundo título, otorgado en 2017 en Huixquilucan, autoriza la extracción de 2 millones 200 mil metros cúbicos anuales. Eso representa 2 mil 200 millones de litros de agua en un territorio con fuerte estrés hídrico.
Esa sola concesión equivale al consumo de toda la población de Iztapalapa durante casi diez días. Más de 1.8 millones de personas usan un volumen similar en ese periodo. Un solo actor privado concentra un recurso equivalente a lo que requieren municipios completos.
Investigadores como Wilfrido Gómez Arias y Andrea Moctezuma han señalado una tendencia preocupante. Las instituciones financieras están adquiriendo títulos de agua para participar en un mercado emergente. El agua se convirtió en un activo financiero desde que comenzó a cotizar en los mercados de futuros en 2020. Esta dinámica permite especular con el recurso. También facilita la acumulación de reservas estratégicas por parte de grandes empresas.
Las concesiones de Banco Azteca están registradas bajo el uso “servicios”. Es una categoría amplia. También es una de las menos reguladas por la Ley de Aguas Nacionales. Su amplitud permite interpretaciones flexibles. En la práctica, deja un margen considerable para manejar el agua con fines que no siempre están claros.
El imperio hídrico de Salinas Pliego
El manejo del agua dentro de Grupo Salinas no termina con Ricardo. Su hermana, Esther Salinas Pliego, controla el 60 por ciento de la empresa Distribuidora y Comercializadora de Agua México. Aunque su objeto social permite actividades relacionadas con el agua, la empresa no tiene ninguna concesión registrada ante Conagua. Sin embargo, registró la marca Azul Maya en dos ocasiones. La empresa ofrecía bebidas, aguas minerales y garrafones de agua purificada con “iones de plata”. El origen del agua no aparece documentado en ningún registro público.
El grupo también tiene un título de agua en Ixtapaluca, otorgado en 1994, por 638 mil metros cúbicos al año. Otro caso se presentó en el Río Chalma. Ahí opera el Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca. Campesinos denunciaron que se instalaron cercas y guardias privados para impedirles el acceso al agua. Un tribunal agrario ordenó restituir el paso. Después comenzaron nuevos litigios impulsados por la empresa. El conflicto continúa.
Estas acciones se desarrollan en un país donde millones dependen de pipas. Donde miles esperan horas para llenar un tambo. Donde la crisis hídrica avanza sin freno. En este escenario, la concentración privada de agua adquiere un peso político mayor. Las concesiones no son simples trámites administrativos. Representan poder económico, herramientas de presión y capacidad de influencia sobre regiones enteras.
Por eso, el conflicto entre Salinas Pliego y el Estado no se explica solo por impuestos. Tampoco por su discurso sobre libertad económica. El agua es un recurso estratégico. También es un instrumento de poder. Y esta es la razón por la que el empresario mantiene esta batalla sin ceder ni una sola gota.
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