La participación en la elección judicial no puede compararse con otras elecciones ya que se trata de un ejercicio inédito.
México está a las puertas de un hecho sin precedentes: la elección judicial para la selección de ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicho ejercicio, promovido desde el gobierno de la Cuarta Transformación, busca democratizar la justicia y abrir el sistema judicial a la voluntad popular. No obstante, en el marco del proceso, diversas voces analizan el reto que representa legitimar esta elección en términos de participación ciudadana.
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Aunque la elección cumple con todos los requisitos legales establecidos por las autoridades electorales, algunos sectores, como el columnista Enrique Quintana, han señalado que más allá de la legalidad, la verdadera prueba estará en la legitimidad que otorgue la ciudadanía mediante su participación en las urnas. La cuestión de fondo es clara: ¿cuántos mexicanos se involucrarán en esta nueva etapa de democratización judicial?
¿Qué participación se espera en la elección judicial?
Desde una perspectiva crítica, Quintana advierte que la participación en este tipo de elecciones, por su carácter técnico y altamente especializado, podría ser limitada. Los datos históricos refuerzan su argumento: en consultas previas, como la revocación de mandato en 2022, solo participó el 17.8 por ciento del padrón electoral; en la consulta sobre el juicio a expresidentes en 2021, apenas votó el 7.1 por ciento. Ambos procesos quedaron muy por debajo del umbral del 40 por ciento necesario para otorgarles efectos legales.
Aun así, resulta importante matizar. En procesos inéditos como el actual, no existen antecedentes comparables y, por tanto, las expectativas deben construirse con cautela. Lo que se define este 1 de junio no es una contienda entre partidos, sino la posibilidad de que los ciudadanos influyan en la configuración del sistema de justicia. La ciudadanía tendrá, por primera vez, la facultad de decidir quién debe impartir justicia, un acto que por sí mismo marca un punto de inflexión en la historia democrática del país.
Aunque voces como la de Quintana apuntan a que el porcentaje de participación podría situarse entre el 10 por ciento y el 20 por ciento, ese dato no invalida ni deslegitima el proceso en sí. Legalmente, la elección no depende de un umbral mínimo de votos para ser válida. Es más, establecer un requisito de participación podría haber condicionado el ejercicio democrático a un filtro arbitrario, impidiendo su avance.
Además, es pertinente recordar que muchos de los cambios institucionales que ha impulsado la 4T, como la cancelación del aeropuerto en Texcoco, decidida mediante una consulta con apenas el 1 por ciento del padrón, han tenido un fuerte impacto social, incluso con participación limitada. En ese contexto, la elección judicial representa otro paso hacia una democracia participativa, aún en construcción.
“Esta elección es preferible a una designación directa”
Pese a las críticas, incluso los analistas más escépticos coinciden en un punto: el nuevo modelo electoral es preferible a la designación directa por parte del Ejecutivo y el Senado, como ocurría en el pasado. El argumento es contundente: por imperfecto que sea, el mecanismo de elección ciudadana otorga mayor legitimidad que los acuerdos cupulares o la imposición política de magistrados afines a ciertos intereses.
Es cierto que el proceso puede derivar en la llegada de un Poder Judicial más alineado con el grupo en el poder, como sugiere Quintana. Sin embargo, esa suposición parte de una desconfianza estructural hacia la voluntad ciudadana, algo que la Cuarta Transformación ha cuestionado desde su origen. Apostar por el voto popular es confiar en el juicio del pueblo, aun cuando sus decisiones no coincidan con las preferencias de las élites o de ciertos sectores de opinión.
La crítica de que un Poder Judicial surgido de esta elección llegará con un “pecado original” por la baja participación debe sopesarse con el reconocimiento de que, por primera vez, se está abriendo una ruta institucional para que la justicia sea también una construcción democrática. El camino no es perfecto, pero representa un avance frente a modelos anteriores cerrados y verticales.
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