La jueza que benefició a Aureoles tiene un negro historial de resoluciones a favor de políticos y narcotraficante de alto rango.
La jueza novena de Distrito en materia penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, concedió este jueves una suspensión definitiva que frena por tiempo indefinido la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acusado de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Ya que la Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado su detención por el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos en la construcción de siete cuarteles policiales.
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La resolución judicial fue publicada un día después de que la FGR denunciara públicamente la “escandalosa protección” hacia Aureoles. En el fallo, la jueza estableció que el experredista deberá pagar una garantía de un millón de pesos para mantener vigente el beneficio, y fue citado a comparecer el próximo 20 de agosto ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava, en el Reclusorio Oriente.
Sin embargo, este no es el primer caso en el que la jueza Jovita Vargas Alarcón otorga beneficiosos acuerdos a personajes acusados de crímenes de alto impacto.
El polémico historial de la jueza que benefició a Aureoles
Y es que la decisión de proteger judicialmente a Silvano Aureoles no es un caso aislado en la carrera de Jovita Vargas, quien ha sido señalada en múltiples ocasiones por emitir fallos en favor de personajes acusados de corrupción política o ligados al crimen organizado.
Tan solo en julio de 2024, Vargas Alarcón concedió un amparo al actual senador Miguel Ángel Yunes Márquez, acusado por presunta falsificación de documentos y fraude procesal. Gracias a esa medida, frenó una orden de aprehensión y la emisión de ficha roja en su contra.
Meses antes, en mayo de 2023, otorgó una suspensión a Sofía Soraya Von Roehrich, hermana del exdelegado panista en Benito Juárez de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich, vinculado al llamado Cartel Inmobiliario. La jueza ordenó incluso a la fiscalía capitalina abstenerse de difundir información personal de la implicada.
En abril de 2024, la misma juzgadora concedió una suspensión a Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del líder del CJNG, Nemesio Oseguera El Mencho, para impedir su incomunicación tras ser detenido por la Guardia Nacional. Dicha medida fue vista como un resguardo ante posibles violaciones a derechos humanos, pese al oscuro historial del beneficiado.
El historial de decisiones favorables a criminales de alto perfil incluye también al narcotraficante Héctor Luis “El Güero” Palma Salazar, fundador del Cartel de Sinaloa. En julio de 2023, la jueza atendió su amparo para conocer una supuesta investigación en su contra. Si bien finalmente el juicio fue sobreseído, su intervención permitió a Palma tener acceso a información que la FGR le había negado.
Este conjunto de resoluciones ha levantado cuestionamientos sobre el criterio jurídico de Vargas Alarcón, especialmente por la recurrencia con la que sus fallos favorecen a personajes acusados de delitos graves.
Para analistas como Luis Baqueiro, maestro en Gobierno y Administración Pública, la actuación de la jueza evidencia una “justicia a modo” en la que quienes tienen recursos y conexiones políticas logran evadir temporalmente la acción penal mediante amparos y suspensiones.
¿Quién es Jovita Vargas Alarcón?
Jovita Vargas Alarcón es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana (1986) y tiene una maestría en Ciencias Penales por la Universidad Autónoma de Veracruz en Villa Rica (1998). Su formación jurídica ha sido complementada por una amplia gama de diplomados, talleres y cursos especializados impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal y otras instancias, con énfasis en el juicio de amparo, sistema penal acusatorio, argumentación jurídica y derechos humanos.
Ha ocupado múltiples cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF), empezando como secretaria en diversos juzgados de amparo penal y tribunales colegiados, hasta llegar a su actual cargo como jueza novena de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, al que accedió en noviembre de 2021.
Previamente, fue jueza de amparo penal en el estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, donde también dictó resoluciones que generaron polémica. Sus fallos hablan por ella y demuestran cuáles son los fines de tanta preparación jurídica.
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