A pesar del acuerdo, los jubilados de Pemex reiteraron que su lucha continúa porque tienen pendientes en la solución a sus demandas.
La Alianza Nacional de Jubilados de Pemex anunció que alcanzó un acuerdo para modificar el tope de sus pensiones.
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El conflicto entre el gobierno y los jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Nafin se originó tras la aprobación de la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum al artículo 127 de la Constitución, la cual buscaba topar las llamadas “pensiones doradas” a un límite máximo de 70 mil pesos, lo que provocó recortes de hasta el 60 por ciento en los ingresos de los pensionados de confianza y paraestatales.
Esta situación motivó que iniciaran todo tipo de protestas en contra de la medida, incluso contemplando sumarse a las movilizaciones convocadas por la CNTE y los transportistas durante la inauguración y los partidos del Mundial FIFA 2026.
Jubilados de Pemex recibirán pensiones de 134 mil pesos
A través de un comunicado, la Alianza Nacional de Jubilados informó de la gestión realizada en defensa de sus pensiones en la Segob.
Informaron que fueron recibidos por el subdirector de Capital Humano de Pemex, Cristopher Valenzuela, quien les indicó que, por disposición del Ejecutivo Federal, a partir de la primera quincena de julio la pensión máxima a pagar será de 134 mil 290 pesos mensuales.
Asimismo, confirmaron que se prevé realizar una nómina extraordinaria para cubrir las diferencias entre los montos pagados y el nuevo tope establecido.
“Este avance es resultado de la organización, la unidad y la movilización de miles de jubiladas y jubilados. Sin embargo, reiteramos que nuestra lucha continúa. La información recibida no constituye la solución definitiva a nuestras demandas ni modifica los procesos legales en curso”, reiteraron.
Jubilados realizan mitin en la Segob
Previo a su reunión, jubilados de Pemex realizaron un mitin para presionar el cumplimiento de los acuerdos de las mesas técnicas.
Los inconformes denunciaron que el tope original de 70 mil pesos impactaba directamente los fondos destinados a sus seguros médicos de gastos mayores y la liquidación de créditos hipotecarios activos, comprometiendo su patrimonio familiar y su derecho a la salud.
Además, hicieron un llamado al Gobierno Federal para que no se les catalogue ni trate bajo la narrativa de pensiones doradas de privilegio, argumentando que sus montos de jubilación corresponden a décadas de servicio y aportaciones bajo el régimen de trabajadores de confianza en sectores estratégicos.
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