El PAN afirmó que su objetivo es profesar su fe sin temor a la burla pública, el hostigamiento o la violencia institucionalizada.
El Consejo Nacional de Nueva Derecha, encabezado por el Dr. Raúl Tortolero, presentó una iniciativa ciudadana para combatir la discriminación y hostilidad contra las creencias religiosas, especialmente las dirigidas hacia los cristianos.
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La propuesta, que busca reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, fue entregada el miércoles 8 de octubre al coordinador de los diputados federales del PAN, Elías Lixa, e impulsa la adición de los artículos 2° Bis y 2° Ter a la ley vigente.
Dichas disposiciones buscan definir y sancionar actos de coacción, hostilidad o vandalismo motivados por razones religiosas, incluyendo ataques a templos, profanaciones en exposiciones artísticas y performances ofensivos durante marchas.
De acuerdo con el documento, la iniciativa surge en el contexto de lo que califican como una “persecución cristiana” tanto en México como en otras partes del mundo.
El texto cita datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según los cuales más del 80 por ciento de la población mexicana profesa la fe católica, por lo que consideran urgente garantizar su libre ejercicio.
Entre los ejemplos mencionados se encuentran daños a la Catedral Metropolitana durante marchas del 8 de marzo y exposiciones artísticas como Iconoclasia y La venida del Señor, que, según el Consejo, vulneran el respeto al orden público y a los derechos humanos.
PAN va contra la “cristianofobia”
La iniciativa se sustenta en los artículos 1° y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíben la discriminación por motivos religiosos y garantizan la libertad de culto.
También se alinea con tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundada en la Religión o las Convicciones, que obligan al Estado mexicano a prevenir y sancionar actos de intolerancia religiosa.
El proyecto plantea sanciones que van desde amonestaciones y multas de hasta diez mil veces la UMA, hasta clausuras y arrestos administrativos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
De acuerdo con el Dr. Raúl Tortolero, esta reforma “es un paso esencial para garantizar que los 90 millones de católicos y fieles de otras religiones puedan ejercer su fe sin temor a la burla pública, el hostigamiento o la violencia institucionalizada”.
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