El PAN no mencionó la crisis desatada en Chihuahua por la gobernadora panista para solicitar desaparición de poderes en Sinaloa.
¿Y Maru Campos? La crisis política en Sinaloa escaló tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, en medio de acusaciones provenientes de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) inicia sus propias indagatorias, el Partido Acción Nacional (PAN) retomó su exigencia de desaparición de poderes en la entidad, argumentando que las instituciones locales han sido rebasadas.
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Sin embargo, el posicionamiento panista ha abierto un flanco de críticas por lo que actores políticos califican como una postura selectiva y contradictoria frente a otros casos similares en el país.
PAN insiste en desaparición de poderes en Sinaloa
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que las acusaciones contra Rocha Moya confirman una problemática que, aseguró, fue advertida desde hace años. En su discurso, elevó el tono al señalar que ya no se trata únicamente de corrupción, sino de una posible intervención del crimen organizado en procesos democráticos, particularmente en la elección de 2021.
Bajo ese argumento, el panista urgió al Senado a valorar la desaparición de poderes en Sinaloa como una “respuesta necesaria” ante una crisis que, dijo, ha rebasado a las autoridades locales.
No obstante, esta exigencia ha sido cuestionada por legisladores de Morena, quienes acusan al PAN de utilizar el tema con fines políticos, mientras omite situaciones graves en entidades gobernadas por su propio partido.
El contraste más señalado es el de Chihuahua, donde la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha sido criticada por presuntamente permitir la participación de agentes de la CIA en operativos de seguridad, lo que ha generado señalamientos por posibles violaciones a la soberanía nacional.
A pesar de ello, el PAN no ha planteado medidas similares como la desaparición de poderes en esa entidad, lo que refuerza las acusaciones de incongruencia.
Desde Morena, figuras como Ignacio Mier y Dolores Padierna subrayaron que la solicitud de licencia de Rocha Moya representa una diferencia sustancial en términos de responsabilidad política, al facilitar las investigaciones sin interferencias institucionales.
“Que haya pedido licencia no resuelve el problema”
Romero Herrera insistió en que la separación del cargo no es suficiente para atender la crisis de seguridad en Sinaloa. “Que haya pedido licencia no resuelve el problema”, afirmó, al reiterar que Acción Nacional mantendrá su postura de exigir la desaparición de poderes como vía para restablecer el orden.
Sin embargo, esta narrativa ha sido confrontada por otros actores políticos que consideran que la licencia abre la puerta a investigaciones sin el obstáculo del fuero. Incluso, el exministro Arturo Zaldívar recordó que al separarse del cargo, Rocha Moya pierde la inmunidad procesal, lo que permite que enfrente la justicia como cualquier ciudadano.
En ese contexto, también se ha destacado que la FGR ya inició la integración de su propia carpeta de investigación tras la solicitud formal de Estados Unidos, lo que coloca el caso en una dimensión institucional más amplia.
Las críticas hacia el PAN no solo se centran en su postura frente a Sinaloa, sino en lo que diversos legisladores califican como una estrategia de doble rasero. Mientras exige medidas extremas en un estado gobernado por Morena, evita pronunciarse con la misma contundencia sobre Chihuahua, donde las acusaciones involucran incluso posibles actos de injerencia extranjera.
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