El gobierno de Delfina Gómez confirmó que los pozos de agua operan de manera normal tras la implementación de la Operación Caudal.
El gobierno del Estado de México informó que las operaciones derivadas de la Operación Caudal no han afectado el suministro de agua a los habitantes.
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Estas acciones son necesarias para frenar a quienes se han encargado de extraer agua para venderla a precios altos sin potabilizar. Asimismo, las autoridades detectaron a empresas que se han dedicado a sobreexplotar pozos destinados a consumo personal.

La estrategia se planeó en el marco de la Mesa de la Paz de la entidad, donde se determinó que los despliegues se realizaran de manera simultánea en 48 municipios.
Las investigaciones previas, basadas en denuncias ciudadanas e información del Centro Nacional de Inteligencia, permitieron identificar cadenas de comercio ilícito que utilizaban pozos sin autorización o infraestructura para su sobreexplotación. También se detectaron redes que hurtaban el líquido para su distribución y comercialización con tarifas que no incorporaban recursos al erario.

Garantizado el suministro de agua tras Operación Caudal
Autoridades estatales y municipales confirmaron que la Operación Caudal no afectó el suministro de agua a la población, ni la distribución regular de agua potable en las comunidades, ya que los pozos y ductos oficiales continúan funcionando con normalidad bajo la supervisión de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y los organismos municipales.
De igual manera, la Secretaría de Gobierno, CAEM y la Conagua han iniciado mesas de trabajo para ofrecer a los propietarios y a empresas apoyos para agilizar la regularización de los pozos.

La intervención de 189 inmuebles en el Estado de México tuvo como objetivo interrumpir la cadena de comercio ilícito de agua, sin interrumpir la infraestructura oficial de distribución.
Como resultado de las acciones de la Operación Caudal, se intervinieron 189 inmuebles mediante 142 cateos y 47 inspecciones. En estos lugares se localizaron 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas. Fueron asegurados 322 transportes tipo pipas, 37 vehículos diversos y se detuvieron a siete sujetos en flagrancia por delitos como portación de arma prohibida, delitos contra el servicio público y distribución de agua, y ataque peligroso.
Las pesquisas identificaron que estas acciones eran realizadas por organizaciones sociales con fachada de sindicatos, como USON, ACME, Los 300, Libertad, 25 de Marzo, 22 de Octubre y Chokiza, entre otros, así como por comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades.

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