Multas de hasta de $30 millones a los que violen nuevas reglas por outsourcing

La nueva reforma para regularizar el outsourcing establece fuertes sanciones que insistan en esquemas de simulación que lesionan derechos de trabajadores y evaden impuestos.
De acuerdo con La Jornada, incluso se les fincarán responsabilidades por “defraudación fiscal y sus equiparables, delito recientemente calificado de grave, que amerita prisión preventiva oficiosa”.

Este proyecto de reforma, se discutirá este próximo martes en comisiones de la Cámara de Diputados, y se establece que aquellas empresas que tienen a sus trabajadores en outsourcing tendrán un plazo de tres meses, luego de la entrada en vigor de la ley, para regularizarse.

Además, “la subcontratación solo podrá darse en caso de que una empresa requiera servicios u obras especializadas, como la de limpieza o de construcción, pero no podrá, como ocurre en la actualidad, que una empresa minera contrate a una tercera para que se haga cargo de sus trabajadores mineros, que no dependen de quien es realmente su patrón”.

La propuesta de establecer en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o de la ejecución de este tipo de obras, constituyen el delito de defraudación fiscal y sus equiparables.

También se regulará a las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, podrán seguir desempeñando estas tareas, “pero no se considerarán patrones”.

Los subcontratistas deberán inscribirse en un padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo y, de no hacerlo o en caso de negarse a inspecciones, serán multados con hasta 30 millones de pesos en el primer supuesto y 5 mil pesos en el último.

Esta nueva reforma también incluye modificaciones a la Ley del Seguro Social para que todas las compañías obtengan un registro patronal en términos de lo dispuesto por el reglamento de la legislación en materia de afiliación, clasificación, recaudación y fiscalización; podrán solicitar el registro en un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigencia de la ley. Las empresas que no lo hagan, serán dadas de baja por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Con información de La Jornada