El empresario Salinas Pliego cierra el año con pésimas noticias, luego de que Moody’s notificara que Elektra bajó su calificación.
Moody’s decidió recortar la nota crediticia de Nueva Elektra del Milenio en la recta final del año, al observar un mayor riesgo en sus finanzas por los compromisos fiscales que enfrentan tanto la compañía como su propietario, Ricardo Salinas Pliego.
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La firma, que forma parte del negocio minorista de Grupo Salinas, ha visto presionada su posición por la controversia relacionada con el pago de impuestos en México y por el impacto que ello tiene en su capacidad de generar recursos.
De acuerdo con el análisis de la calificadora, el desempeño financiero muestra un deterioro relevante:
“La rebaja a B1 refleja el deterioro de las métricas crediticias de Nueva Elektra del Milenio, el mayor apalancamiento y el flujo de caja libre, ahora negativo debido al pago de dividendos extraordinarios durante 2025”, argumentó la calificadora.
Moody’s advierte deterioro de Elektra
La más reciente revisión de Moody’s volvió a poner bajo la lupa la situación financiera de la empresa responsable de operar las tiendas Elektra y Salinas y Rocha.
La evaluación de la calificadora llevó la nota de Ba3 a B1, lo que implica un desplazamiento desde el límite del grado de inversión hacia una posición más profunda dentro del rango especulativo.
En su dictamen, la agencia advirtió que “No se prevé una recuperación significativa a corto plazo”, al considerar que el entorno actual continúa presionando el desempeño financiero del grupo.
La firma explicó que, ante las obligaciones fiscales en curso, la compañía deberá recurrir a sus propios recursos operativos y a la liquidez disponible del negocio comercial para atender los compromisos.
Según Moody’s, “Debido a las restricciones regulatorias aplicables a las entidades del segmento financiero de Elektra, los recursos para el pago de las contingencias fiscales provendrán del flujo de operación, así como de la caja e inversiones temporales del segmento comercial”.
Este panorama se enmarca en el anuncio realizado por el Gobierno de México, que prevé iniciar en enero de 2026 el cobro de al menos 51 mil millones de pesos a Grupo Salinas, monto sobre el cual podría solicitarse una reducción conforme a la normatividad vigente y a resoluciones judiciales.
Frente a ello, Salinas Pliego expresó:
“Estoy seguro que lo más prudente y responsable de parte de nosotros y del Gobierno de México es esperar a enero, a que el SAT precise por escrito los fundamentos de la cifra que señala como adeudo de 31 mil millones de pesos, y nos entregue el desglose detallado y transparente de los cálculos que la sustentan”.
Las polémicas fiscales de Salinas Pliego
Durante la conferencia de Sheinbaum del 19 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria expuso un balance del proceso de cobro iniciado contra Grupo Salinas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera en favor de las determinaciones de los tribunales respecto al pago de impuestos pendientes.
El titular del organismo recordó que “que entre 2013 y 2018, la autoridad fiscal determinó, a través de resoluciones administrativas, adeudos del Impuesto Sobre la Renta [ISR] correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013, toda vez que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes”, explicó Martínez Dagnino.
El funcionario señaló que, tras esas resoluciones, las compañías decidieron impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que entre 2019 y 2023 confirmó la validez de los adeudos ratificados por el SAT.
Más tarde, indicó que “de nueva cuenta, las empresas impugnaron la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ahora ante el Poder Judicial de la Federación, donde los tribunales colegiados en 2024 y 2025… negaron el amparo, confirmando la procedencia de los adeudos”, detalló Martínez.
Finalmente, recordó que el conflicto jurídico llegó hasta la SCJN, última instancia del proceso, que “el pasado 13 de noviembre desechó sus impugnaciones, confirmando de manera definitiva las resoluciones de los tribunales”, con lo cual quedó firme la obligación de cubrir los montos fiscales determinados.
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