García Luna y su esposa podrían ser condenados sin juicio por no haberse presentado a responder un proceso iniciado desde 2021.
El gobierno de México solicitó oficialmente a una jueza civil en Florida que declare culpables al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereyra, sin necesidad de ir a juicio, por haber transferido e invertido en ese estado recursos presuntamente obtenidos mediante actos de corrupción en México.
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La petición incluye la devolución definitiva de los bienes adquiridos y el pago por concepto de reparación del daño.
México pide condenar sin juicio a García Luna y esposa en EU
La solicitud fue presentada ante la Corte de Circuito del 11° Distrito Judicial en Florida por abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes también pidieron declarar en desacato a ambos acusados por no haberse presentado a responder el proceso iniciado desde 2021.
Argumentaron que, conforme a la ley estadounidense, la incomparecencia reiterada de los demandados implica una admisión tácita de los hechos.
“Los hechos bien fundamentados en la demanda otorgan derecho a un fallo en favor del demandante, México, contra Genaro García Luna y Linda Cristina Pereyra de García”, indicaron los representantes legales de la UIF.
De acuerdo con los documentos judiciales, García Luna y sus cómplices habrían obtenido más de 250 millones de dólares en contratos ilegales con el gobierno mexicano mediante sobornos y manipulación de licitaciones.
Estos fondos habrían sido transferidos al condado de Miami-Dade entre 2012 y 2018, donde fueron utilizados para adquirir propiedades y servicios. En total, el monto involucrado en los contratos asciende a más de 580 millones de dólares.
Esposa de García Luna nunca notificó en la Corte
Aunque García Luna se encuentra actualmente encarcelado y sentenciado por delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos, su esposa tampoco ha dado seguimiento al caso. Su anterior abogado abandonó el proceso en julio de 2023 y, desde entonces, Pereyra ha fallado en presentarse a las audiencias de mediación previstas para 2024.
Ante esta falta de respuesta, la UIF solicitó una “sentencia final en rebeldía” y, de proceder, presentará en audiencia las pruebas que sustenten el monto del daño económico a reparar. La jueza Lisa Walsh ha advertido que el proceso se ha prolongado demasiado, por lo que urge cerrar acuerdos o avanzar a juicio.
En el mismo expediente, otros implicados han negociado con las autoridades mexicanas para evitar un juicio. Entre ellos, el exsubsecretario Francisco Niembro González y su esposa, quienes acordaron pagar 330 mil dólares. Los empresarios Samuel y Alexis Weinberg continúan en diálogo con la UIF.
Hasta finales de 2024, Cristina Pereyra y sus hijos residían en las cercanías de Maryland. Sin embargo, desde entonces se desconoce su paradero. En México, Pereyra enfrenta una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, y se contempla una solicitud de extradición.
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