Las artimañas de corrupción insertadas en la Constitución
Por Miguel Ángel Lizama
@Migueliz8
Para saquear mejor a México y compartir el botín con cómplices empresariales, políticos y mediáticos, la Mafia Neoliberal enquistada en el gobierno, se esmeró en buscar o crear artilugios y laberintos legales para facilitar la rapiña con garantía de Impunidad y disfrutar largamente el pillaje. Así se explica la persistencia de la Corrupción, pese a los esfuerzos por erradicarla. LA METIERON EN TODO y por todos lados supura.
Uno de los primeros artilugios empleados por la ralea neoliberal al asaltar el poder en México, fue el manido “Estado de Derecho”, usado cada vez que se planeaba saquear a los ciudadanos y enriquecer a los pillos. En los conciliábulos de Los Pinos, el círculo íntimo del Presidente de la República compartía la “necesidad” de algún cómplice y surgía la propuesta para atenderla, en el entendido de que toda opción causaba una comisión repartible.
Una vez armado el formulismo y cumplida la proclama legal, los medios coludidos iniciaban su labor vocinglera alabando el “Estado de Derecho” con la nueva ley o decreto, para ocultar cualquier discrepancia o análisis imparcial y se iba dando la maraña neoliberal. Ejemplo claro de esto fueron los nefastos Pactos para el Desarrollo y la Estabilidad Económica que cada año salían de las oficinas (o cuevas) de la tecnocracia de Programación y Presupuesto, para imponerlos a rajatabla con la firma y proclama de Miguel de la Madrid.
Cada uno de esos decretos era anticipo del golpe a la economía y vida del pueblo mexicano, pero los medios coludidos lo anunciaban como un avance del “Estado de Derecho” para bien del pueblo, en grosera y ofensiva exhibición de hipocresía. “Medidas dolorosas pero necesarias para bien del país y todos debemos apretarnos el cinturón”, decían De la Madrid y Salinas de Gortari (de SPP). Apretaban al país para que ellos y sus cómplices ensancharan sus bolsillos con ganancias sin límite. Y así fue todo el tiempo neoliberal, cambiando sólo los nombres por las sucesivas elecciones. Las pruebas ahí están. Sólo basta desempolvarlas del archivo de “seguridad nacional” donde las arrumbaron.
Otro recurso rapaz fue la creación de “Órganos Autónomos Independientes” con “personalidad jurídica y patrimonio propio”. Por principio de cuentas, se crearon con bienes de la Nación, sustraídos para lucrar sin que el país reciba utilidad y cada año el Congreso asigna para su manutención una partida presupuestal sin obligación de comprobar su uso. Les dieron “autonomía” para eludir toda supervisión, sin permitir auditorías que se difundan, y manejarse como quieran. Un Estado dentro del Estado.
En cuanto se transfiere, el dinero público se convierte en “recursos propios”, ajenos a las reglas oficiales, para gastarse como decidan sus “consejeros”, sin rendir cuentas a nadie, lo mismo en edificios, burocracias, sueldazos y prestaciones, que en viajes “de estudio” y otros excesos. Todo se maneja y autoriza en “petit comité”. Falsa Democracia para taparle el ojo al macho.
Cada uno de los Órganos Autónomos es un compendio de despilfarros, no sólo permitidos y tolerados, sino auspiciados, promovidos y encubiertos por los supuestos guardianes del Presupuesto Público. Ejemplo ilustrativo de esto también son las AFORES, engendro de Carlos Salinas de Gortari y su camarilla rapaz, copiado del programa pinochetista chileno de pensiones. El pretexto fue “estimular el ahorro de los mexicanos”, privatizando las aportaciones al IMSS, pues las Afores o administradoras creadas sólo duplicaron las bases de datos del Seguro Social, hasta entonces único responsable de pensiones y jubilaciones. Hicieron tan complicado el mecanismo pensionario en esa “privatización”, donde no hubo inversión privada, que debieron reformarse Constitución y leyes para meter en el “Estado de Derecho” ese saqueo institucionalizado, que hoy está tronando por todos lados.
Nació con las pensiones una enorme burocracia y tramitología, por lo cual se hizo indispensable la creación de la CONSAR, otro ogro burocrático cuyos comisionados, sobradamente pagados, SÓLO INVENTAN TRÁMITES Y REQUISITOS PARA ALEJAR DEL TRABAJADOR EL ALCANCE DE SUS AHORROS. En esa “titánica” labor de complicar, en vez de facilitar, un derecho laboral, la CONSAR recibe descomunal ayuda de legisladores y funcionarios hacendarios que se hacen de la vista gorda con las pérdidas que reportan las “administradoras” y disfrazan con terminajos tecnocráticos, pero que cargan al trabajador.
Por eso el monto para el retiro se reduce cada vez más. Argumentan: o se baja la pensión, o aumenta la edad para ella, o suben las semanas de cotización para solicitarla. Antes el trabajador sabía que su pensión sería casi equivalente a su último salario percibido, pero con las Afores tal equivalencia se ha ido reduciendo constantemente, por lo que la CONSAR “sugiere” a los trabajadores que AHORREN adicionalmente, para tener más dinero a jinetear, y le insiste al gobierno que prolongue la edad de retiro, que quisiera a los 150 años (o 200, si es posible) para no tener que dar pensiones. Obviamente, todas estas condiciones NO SON APLICABLES A LOS ALTOS FUNCIONARIOS, como el caso emblemático de JOSÉ ÁNGEL GURRÍA, hoy mandamás de la OCDE (cooperación y desarrollo económico), pensionado sin la edad necesaria ni las cotizaciones suficientes para merecer su millonaria jubilación de Nacional Financiera. Y así anda pontificando y repartiendo consejos para el buen proceder gubernamental.
Otro emblema de la Corrupción “con personalidad jurídica y patrimonio propio” es IFETEL, Instituto Federal de Telecomunicaciones, nacido como COFETEL (o sea, Comisión) que Peña Nieto convirtió en 2013 en “órgano CONSTITUCIONAL autónomo”, como si hubiera nacido de la voluntad popular y no del interés particular de una reducida mafia. Lo hizo intocable y casi inextinguible a través de los tiempos.
Supuestamente debe regular y supervisar las redes y prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión del país. Pero bajo el dominio e influencia de Televisa, sólo sirve para mantener a raya a Carlos Slim, dueño de Telmex y Telcel, para impedirle ingresar al servicio audiovisual, pues destronaría con su poder económico al duopolio Azcárraga-Salinas Pliego que tiene la exclusividad del llamado “triple play” (televisión, telefonía y telemática o suministro de Internet).
En ese papel de subordinación, IFETEL hace pareja con otro “órgano autónomo independiente” como la COFECE (Comisión de Competencia Económica), teóricamente nacido para regular empresas y “prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas y barreras a la libre competencia económica” (nada de lo cual se cumple). Desde luego, eso en el papel, pues en la realidad sólo hay que ver las maromas discursivas para justificar la ceguera en prácticas monopólicas mediante concentraciones de empresas y poder de Televisa, a la que jamás atribuye “preponderancia” como sí lo hace con Slim.
Como un tándem de corrupción, IFETEL y COFECE se hicieron una para autorizar la compra de cableras por parte de Televisa, eliminando competencia y acaparando el mercado de televisión restringida, aunque repartiendo –en el más puro estilo mafioso– territorios limitados a pequeños competidores, obligados a adquirir contenidos monopolizados por el oligopolio hertziano.
ASÍ SON LAS ARTIMAÑAS DE LA PERSISTENTE CORRUPCIÓN INSERTADA EN LA CONSTITUCIÓN, QUE LA OPOSICIÓN SE NIEGA A EXTIRPAR.