La reforma al Poder Judicial de la Federación es ya impostergable

Para este momento ya es evidente para todos la imperiosa e impostergable necesidad de una reforma profunda al Poder Judicial de la Federación (PJF) que, desde hace muchos años ya, ha sido cooptada por los poderes fácticos que dominaban nuestro país.

Desde las desiciones tomadas por jueces, magistrados y ministros durante el periodo neoliberal, todas ellas en contra de los intereses de la mayoría, pasando por el reciente posicionamiento de los integrantes de ese poder como, prácticamente, un partido opositor a la actual administración, han llegado a la arrogancia de pretender erigirse como el poder de todos los poderes, creyéndose con el derecho de enmendar la plana al Poder Legislativo en la gran mayoría de las determinaciones democráticamente aprobadas en las cámaras y, ya en el colmo de la prepotencia, pretenden, incluso, destituir senadores.

Quienes ahora ostentan el PJF, aterrados ante un cambio que los obligue a actuar éticamente, respetando el espíritu y no solo la letra de la constitución y siempre a favor del pueblo, se oponen tajantemente a cualquier reforma que modifique su muy cómodo y económicamente rentable status quo, pero, contrario a su amplia preparación académica, lo hacen con los argumentos más simplísticamente absurdos.

Un claro ejemplo de lo anterior es la falaz argumentación que hizo la ministra de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortíz, quien recientemente hizo un ilógico comparativo entre el sistema judicial norteamericano y el mexicano, como si lo sucedido al norte de nuestra frontera fuera, de alguna manera, aplicable en México.

Dice la jurista mexicana que un juez norteamericano le reveló que emitió una sentencia de muerte a un migrante simplemente por resultarle políticamente rentable, pretendiendo con esto, establecer la inviabilidad de que los juzgadores ocupen su cargo por medio de una elección directa.

Si bien es cierto que existen este tipo de expresiones racistas y xenófobas por parte de todo tipo de autoridades norteamericanas, siempre se dan fuera del contexto de la corte pues, durante un juicio, el juzgador debe sustentar dicha sentencia con base en el derecho de aquel país, pues de no hacerlo, quedaría expuesto a que su sentencia sea recurrida, lo cual en los Estados Unidos sí tiene consecuencias para quien la emitió, pero además, podría ser sujeto de demandas que lo pondrían en riesgo económico y hasta, quizá, penal.

Es por ello que el ejemplo planteado por la ministra Ortíz no aplica y carece de sentido, pues es evidente que una pena no se puede aplicar por simple cálculo político y, en todo caso, nada tiene que ver con la elección directa de jueces, magistrados y ministros en los Estados Unidos y menos aún en México.

Pero, además, la elección de juzgadores en nuestro país es ya un hecho pues, con el actual sistema, el Poder Ejecutivo propone una terna que debe contar con el perfil necesario para desempeñar el cargo, para que después, de entre las personas propuestas, el Poder Legislativo elija a quien ocupará el ministerio o la magistratura correspondiente.

Y entonces, la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador consiste solamente en pasar la responsabilidad de esa elección a quién por derecho corresponde: El Soberano Pueblo de México, y no como ocurre actualmente, que se da por medio de negociaciones políticas y cuotas partidistas.

Pero todo esto es solamente uno de los aspectos que contempla la propuesta presidencial de reforma al Poder Judicial, pues también se encarga del combate a la corrupción y el nepotismo que hoy impera dentro y alrededor de este Poder, así como propone una renovación estructural para la generación de una justicia más ágil y expedita, fortalece las atribuciones de la SCJN como auténtico tribunal constitucional, establece una verdadera defensoría del pueblo, más cercana a la gente y atiende la igualdad y paridad de género, así como presenta una propuesta de Ley de la Carrera judicial.

Como podemos observar, la reforma al Poder Judicial de la Federación, propuesta por Andrés Manuel López Obrador y que podría presentarse ante el Congreso de la Unión el próximo año, es una reestructuración de gran calado, que regresa la justicia al lugar de donde nunca debió salir: al Pueblo de México.