El juez de EU dictaminó que se violó el debido proceso al no permitir una verificación técnica y lingüística confiable de las pruebas.
Un juez de EU determinó anular la sentencia de culpabilidad en contra del empresario Ramón Alejandro Rovirosa, acusado de sobornar a Pemex.
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El empresario fue procesado en Estados Unidos debido a la ley vigente de prácticas corruptas en el extranjero, que permite investigar cualquier transacción de soborno que pase por un banco estadounidense.
Además, al contar con residencia legal en Texas, quedó sujeto a las leyes norteamericanas.
Juez anula condena de empresario que sobornó a Pemex
El juez de Distrito Kenneth Hoyt decidió anular el proceso y la condena de culpabilidad en contra de Ramón Alejandro Rovirosa.
El togado detectó graves fallas procesales por parte de la fiscalía estadounidense, lo que llevó a la orden de liberación inmediata del empresario.
La decisión del juez se basó principalmente en la falta de rigor en la evidencia principal, que eran unos mensajes de WhatsApp, cuyas traducciones no fueron validadas correctamente.
En ese sentido, señaló que no se presentaron las pruebas originales de manera íntegra, lo que violó el debido proceso al no permitir una verificación técnica y lingüística confiable de las comunicaciones.
Sus abogados informaron que, tras la anulación del veredicto de culpabilidad, el empresario ha quedado exonerado y libre de cargos, por lo que se procedió a solicitar la devolución de su pasaporte, el levantamiento de las restricciones de viaje y la liberación de la fianza de un millón de dólares que quedó en garantía.
¿De qué se le acusaba a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez?
A Ramón Alexandro Rovirosa Martínez se le acusaba formalmente de participar en un esquema de corrupción y sobornos para beneficiar a su empresa, Roma Energy Holdings, en contratos con Petróleos Mexicanos.
Se le señalaba por conspirar para pagar sobornos a funcionarios de Pemex con el fin de asegurar contratos de servicios de perforación y asistencia técnica.
La fiscalía sostenía que se utilizaron cuentas bancarias en Estados Unidos para mover los fondos destinados a estos pagos ilícitos, por lo que quedó sujeto a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
La acusación indicaba que los pagos indebidos sumaban al menos 150 mil dólares, los cuales habrían servido para obtener beneficios en contratos valuados en aproximadamente 2.5 millones de dólares entre los años 2019 y 2021.
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