La exjefa de asesores de García Luna promovió un juicio de amparo para frenar una resolución dictada el pasado 22 de diciembre.
María Vanesa Pedraza Madrid, quien se desempeñó como jefa de asesores del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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El recurso judicial no implica su liberación, pero sí detiene de manera temporal el avance del procedimiento penal en su contra.
Pedraza Madrid fue detenida el 16 de diciembre de 2025 y permanece bajo custodia en el Centro Federal de Reinserción Social No. 16, tras ser puesta a disposición de la autoridad judicial federal.
Juez da suspensión a exjefa de asesores de García Luna
De acuerdo con reportes de medios nacionales, Pedraza Madrid promovió un juicio de amparo el pasado 23 de enero de 2026 para frenar una resolución dictada el 22 de diciembre por una jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México.
El Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal en Toluca, a cargo de Daniel Marcelino Niño Jiménez, determinó que la suspensión provisional tendrá como efecto que el juez de control detenga el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia, en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva en la audiencia programada para el 20 de febrero.
Según la resolución, la medida no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público.
Además, el juzgador precisó que la suspensión solo surtirá efectos si los actos reclamados provienen de las autoridades señaladas como responsables (en este caso, la Fiscalía General de la República) y siempre que no se haya decretado la apertura de juicio.
Por la naturaleza de la medida, no se fijó garantía alguna para su aplicación.
¿De qué se le acusa a María Vanesa Pedraza Madrid?
Las autoridades federales señalan a Pedraza Madrid como exapoderada legal de Nunvav Inc, empresa presuntamente utilizada para desviar 5 mil 112 millones de pesos mediante 10 contratos irregulares destinados a la supuesta equipación de cárceles.
La operación habría tenido lugar durante la gestión de García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón.
La imputación de la FGR sostiene que la empresa habría empleado el sistema financiero para fondear recursos presuntamente provenientes de la delincuencia organizada y para desviar fondos de la administración pública federal.
Los convenios, de acuerdo con la investigación, se originaron en dos instancias: el Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y la Tesorería de la Federación.
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