Los jueces anunciaron que solicitarán una nueva audiencia ante la CIDH para denunciar “violaciones graves a los derechos humanos”.
El colectivo Artículo 41, conformado por juzgadores federales críticos de la reforma judicial, anunció este jueves la promoción de un juicio de amparo contra Nacional Financiera (Nafin) por transferir más de 10 mil millones de pesos en fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a la Tesorería de la Federación, pese a una suspensión judicial vigente.
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En un comunicado, el colectivo, conocido por haber organizado en 2024 la llamada Mañanera de los Jueces, denunció que la transferencia realizada por Nafin viola una orden judicial que congelaba el uso de esos recursos, lo que consideran una grave violación al Estado de derecho.
“Hemos solicitado que se inicie un procedimiento por el que se determine que Nacional Financiera violó la suspensión otorgada a más de 850 personas, en la que de manera expresa se ordenó que no extingan los fondos, fideicomisos que actualmente existen en el Poder Judicial de la Federación, ni se transfieran los recursos a la Tesorería ni se destinen a otros propósitos”, señalaron.
Jueces se amparan para recuperar fideicomisos
De acuerdo con los integrantes del colectivo, la maniobra deja al CJF sin recursos suficientes para cubrir indemnizaciones, particularmente para los juzgadores federales que han dejado sus cargos como consecuencia de la reforma judicial impulsada por el actual gobierno.
El colectivo recordó que Nafin justificó la operación citando “órdenes superiores”, y que posteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que los recursos serían utilizados para financiar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
Esta decisión, afirman, constituye una “conducta delictiva” con consecuencias directas sobre la independencia judicial y los derechos laborales de los jueces.
Artículo 41 denuncia violaciones a derechos humanos
Como parte de sus próximas acciones, Artículo 41 anunció que solicitará una nueva audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar violaciones graves a los derechos humanos en el marco de la reforma judicial.
Entre las preocupaciones que expondrán destaca el hecho de que el Instituto Nacional Electoral (INE), y no la ciudadanía, será el encargado de contar los votos en la elección de jueces, algo que consideran contrario a los estándares democráticos.
Asimismo, el colectivo indicó que insistirá en que el Estado mexicano sea enjuiciado por la CIDH y se le obligue a revertir los efectos de la reforma judicial, que consideran lesiva para la autonomía del Poder Judicial y los derechos de quienes lo integran.
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