La FGR puso en la mira de las investigaciones a las autoridades locales por presunta colusión en el caso del Rancho Izaguirre.
La investigación en torno al Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, ha revelado una serie de inconsistencias graves por parte de autoridades estatales que hoy son objeto de una investigación formal. Desde que la Guardia Nacional intervino el 18 de septiembre de 2018, tras un enfrentamiento armado que dejó 10 detenidos, liberó a dos personas privadas de la libertad y localizó el cadáver de un hombre, se identificaron múltiples omisiones en el procesamiento de pruebas.
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A pesar de que en aquella intervención inicial se encontraron bolsas con ropa y otros objetos personales, estos indicios no fueron debidamente procesados. Fue hasta una segunda diligencia, en marzo de 2025, encabezada por el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”, que se volvió a ingresar al predio tras una denuncia anónima.
En esa ocasión, se hallaron más de 200 pares de zapatos, cientos de prendas de vestir y restos humanos calcinados, lo que llevó a las autoridades federales a sospechar que el rancho operaba como un “centro de adiestramiento” del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, criticó públicamente la actuación de las autoridades estatales y señaló irregularidades en el levantamiento de evidencia, como la falta de rastreo de huellas dactilares, omisiones en la identificación de víctimas y la ausencia de una investigación sobre la propiedad del predio. A raíz de estos señalamientos, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.
Jalisco investiga a 13 funcionarios por caso del Rancho Izaguirre
En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco investiga actualmente a 13 funcionarios estatales, entre ellos peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y agentes ministeriales de la fiscalía estatal, por posibles omisiones y negligencia en el levantamiento y manejo de pruebas en el Rancho Izaguirre. Además, el caso fue judicializado el 13 de mayo, aunque la autoridad aún no ha definido la fecha de audiencia ni los siguientes pasos procesales.
El director del IJCF, Alejandro Axel Rivera Martínez, confirmó que la institución colabora plenamente con las autoridades y mantiene comunicación directa con los peritos involucrados.
“Nosotros, como instituto, colaboramos con la fiscalía para darles la información que requieran”, explicó, al tiempo que ofreció respaldo institucional a los trabajadores investigados.
La vicefiscal de Concertación Social del estado, Sonia Álvarez Cisneros, aclaró que la carpeta está en manos exclusivas del área Anticorrupción, dado que se trata de un proceso independiente de las funciones regulares de la fiscalía general.
En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) avanza en la indagatoria sobre la presunta red de protección institucional que permitió el funcionamiento del rancho como centro clandestino del CJNG. El pasado 3 de mayo, fue detenido el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión N., por su presunta vinculación con el grupo criminal. La FGR lo acusa de delincuencia organizada y desaparición forzada, además de haber recibido pagos mensuales y desviado recursos públicos para facilitar las operaciones del rancho.
Finalmente, el edil, vinculado a proceso el 10 de mayo, permanecerá en prisión preventiva durante el periodo de investigación complementaria. La FGR continúa sus indagatorias para identificar a otros funcionarios que habrían colaborado o encubierto las actividades del CJNG en la región.
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