Grupo Salinas advirtió que acudirá a la Suprema Corte de Justicia para solicitar la revisión del fallo para pagarle al SAT.
Grupo Elektra, una de las principales empresas del conglomerado Grupo Salinas, denunció haber sido víctima de lo que califica como un “nuevo golpe judicial”, al considerar que las recientes decisiones del Poder Judicial responden a una agenda política impulsada desde el Ejecutivo y no a fundamentos legales.
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Este nuevo fallo es el segundo revés judicial que enfrenta Elektra en menos de una semana. En ambos casos, la compañía denuncia un patrón sistemático de arbitrariedad, que incluye la exclusión de pruebas fundamentales, la exigencia de requisitos no contemplados por la ley fiscal y una interpretación parcial del marco jurídico vigente.
De acuerdo con el posicionamiento de Grupo Salinas, los magistrados Gustavo Roque Leyva, Manuel Monroy Álvarez y Karla Fernanda Fernández Barrios desestimaron pruebas clave como contratos mercantiles y estados de cuenta bancarios, además de imponer condiciones que no están previstas por la legislación actual para negar un amparo solicitado por la empresa.
Grupo Salinas rechaza nuevo fallo para pagarle al SAT
A través de un comunicado oficial, la compañía criticó severamente la actuación del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que acusa de emitir una sentencia carente de sustento jurídico, en el marco de lo que describe como una campaña de persecución institucional.
“La resolución simula una motivación legal cuando en realidad responde a una consigna política derivada de la farsa electoral judicial”, sentenció el grupo empresarial, al referirse al fallo como una muestra de que el Poder Judicial ha dejado de ser un contrapeso constitucional para convertirse en un instrumento de presión fiscal.
Grupo Salinas denuncia supuestas irregularidades en el fallo del PJF
La firma señala, entre otras irregularidades, la exclusión de pérdidas fiscales válidamente reconocidas, la imposición de exigencias ajenas a la norma en operaciones de enajenación de acciones y el rechazo sistemático de documentación legítima. También critica la falta de un análisis jurídico profundo y contextualizado.
“Estas decisiones violan los principios de equidad tributaria, seguridad jurídica y legalidad, y vulneran los derechos fundamentales de los contribuyentes”, asegura el grupo.
Grupo Elektra considera que estas acciones se inscriben en un contexto más amplio de acoso fiscal, que estaría siendo orquestado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y validado por un sistema judicial que, a su juicio, ha perdido independencia.
“Continuaremos defendiendo nuestras causas y exigiendo una justicia pronta, completa, imparcial e independiente”, se lee al final del comunicado.
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