Grupo Salinas impulsó una campaña de desprestigio para intentar ganar adeptos que apoyen su causa: no pagar su deuda al SAT.
El enfrentamiento entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y las instituciones del Estado mexicano ha escalado en los últimos meses, particularmente ante los adeudos fiscales multimillonarios que enfrentan sus empresas, Tv Azteca, Grupo Elektra y Banco Azteca, y que suman más de 70 mil millones de pesos, según registros oficiales.
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Aunque el magnate insiste en que se trata de una persecución política, las autoridades federales han reiterado que el caso es estrictamente técnico y derivado de auditorías que se remontan a más de una década.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rechazado los intentos de las empresas de Salinas Pliego de aplazar sentencias o frenar resoluciones, dejando claro que no existe margen para negociaciones, pues los casos ya forman parte de procesos judiciales concluyentes.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el monto de la deuda sigue aumentando cada día que pasa debido a recargos, intereses y actualizaciones.
Grupo Salinas acusa a la Corte de servir al gobierno
En ese contexto, Grupo Salinas ha desplegado una ofensiva mediática y jurídica para cuestionar las resoluciones de la Corte y deslindar responsabilidades, al tiempo que busca posicionarse como víctima del sistema judicial y del gobierno federal.
Sin embargo, el discurso del empresario, que incluso ha hecho públicas cartas dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum, contrasta con un historial de estrategias de litigio prolongado para evitar el pago de impuestos.
Este domingo, el conglomerado difundió un comunicado en el que no solo anticipa resoluciones desfavorables por parte de la SCJN, sino que acusa a los ministros de actuar presionados por el Poder Ejecutivo.
Sin presentar pruebas que respalden sus afirmaciones, Grupo Salinas afirmó que los magistrados resolverán “con guiones aprobados desde Palacio Nacional” y acusó que no existe un verdadero “Estado de Derecho”.
El tono del comunicado es abiertamente confrontativo: señala “extorsiones fiscales”, “impuestos duplicados” y “prejuicios” en su contra. También denunció que el viernes 7 de noviembre, presuntamente de forma extemporánea, se incluyeron sus asuntos en la lista de temas a resolver.
La corporación utiliza estos argumentos para reforzar su narrativa de victimización, pese a que las resoluciones previas de la Corte han sido transparentes y emitidas conforme a la legalidad.
Grupo Salinas sostiene que está dispuesto a pagar “lo que es correcto”, pero rechaza los “cobros dobles abusivos, inconstitucionales e inmorales”, un señalamiento que se ha vuelto recurrente en su discurso mediático.
La postura contrasta con la realidad: las empresas han promovido siete amparos distintos y solicitado aplazamientos en múltiples ocasiones, lo que ha provocado que sus adeudos sigan aumentando.
Ricardo Salinas amenaza con presentar denuncia contra el SAT
En su comunicado, el conglomerado amenaza con interponer una demanda en contra del SAT y “quien resulte responsable” por supuesta violación a su derecho a una justicia pronta y expedita.
Acusa “silencio administrativo” y señala que el organismo fiscal ha obstaculizado su derecho de petición. Sin embargo, las declaraciones contrastan con la postura oficial, ya que autoridades como Raquel Buenrostro han explicado que, al existir sentencias firmes, no hay espacio para negociaciones y que la deuda debe pagarse conforme a derecho.
La corporación también anunció que llevará el caso ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estrategia que parece más orientada a presionar públicamente que a obtener un resultado jurídico real.
Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no existe persecución política alguna, que el adeudo tiene sustento técnico y que el gobierno acatará lo que determine la Suprema Corte.
Subrayó que se trata de un proceso iniciado desde 2008 y que el Estado actúa para garantizar que los recursos públicos regresen al erario, no para afectar a un grupo empresarial en particular.
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