Este juicio forma parte de una serie de controversias legales en las que Grupo Elektra ha buscado retrasar resoluciones del SAT.
Ricardo Salinas Pliego sufrió un nuevo revés ante los tribunales, pues ordenaron que Grupo Elektra pague un crédito fiscal de al menos 5 mil millones de pesos.
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En este caso, la resolución se refiere a operaciones de Mexicana de Aviación y su filial Omega, adquirida posteriormente por Elektra.
El SAT encontró irregularidades fiscales en una operación relacionada con la empresa Omega, concluyendo que esta no tuvo ingresos reales, por lo que la pérdida reportada por Grupo Elektra al vender acciones de dicha empresa no existió.

La estrategia dilatoria de Grupo Elektra
Como siempre han hecho, en este proceso los abogados de Grupo Elektra intentaron quitar a la magistrada Ana María Ibarra acusándola de parcialidad para así retrasar el proceso.
Los abogados de la empresa de Salinas Pliego argumentaron que la magistrada habría escrito un artículo relacionado con el caso y ello la convertía en un personaje sin la capacidad de emitir una sentencia imparcial.
La ministra Lenia Batres Guadarrama ya había denunciado este tipo de acciones por parte de Grupo Salinas, detallando que, en un total de 5 recursos de amparo, Salinas Pliego y su equipo legal habrían interpuesto 47 medios de impugnación que incluyeron 22 solicitudes de impedimento a magistrados, 21 recursos de reclamación y 4 conflictos competenciales.

Tribunal confirma resolución contra Elektra
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió negar el amparo a Grupo Elektra, por lo que deberá pagar el crédito fiscal que hasta el momento asciende a 5 mil mdp.
El tribunal consideró que la operación dio lugar a pérdidas fiscales sin justificación, reduciendo la base del impuesto en perjuicio del fisco.

Para entender mejor el caso, este inició en 2007 con la separación de Omega de Mexicana de Aviación y, posteriormente, en 2009 es absorbida por Grupo Elektra. En 2011, Elektra vendió acciones de Omega y reportó pérdidas por más de 9 mil 600 millones de pesos para lograr deducir impuestos.
En 2023, el SAT determinó que la pérdida reportada por la empresa de Ricardo Salinas es inválida y exige a Grupo Elektra pagar el crédito fiscal.
Entre 2024 y 2025 se llevó el litigio del caso para llegar a la confirmación de la negativa del amparo al empresario por parte del tribunal.
Grupo Salinas, calificó la decisión como “ilegal y política”, anunciando que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para una revisión constitucional.

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