La FGR aclaró que la carpeta de investigación sobre el automóvil bomba en Coahuayana fue abierta por delincuencia organizada.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo que abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada tras la explosión de un automóvil bomba ocurrida el 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán, un ataque que dejó cinco personas fallecidas y 12 lesionadas.
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El hecho, que estremeció al municipio situado en la franja costera colindante con Colima, generó inicialmente confusión luego de que el primer comunicado oficial mencionara la atracción del caso por la Fiscalía Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.

La detonación se registró frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria, en pleno corazón de la presidencia municipal, y provocó daños materiales considerables en viviendas, vehículos y el suministro eléctrico. La magnitud del estallido reavivó la preocupación en una zona marcada por la disputa entre grupos delictivos y por una escalada de violencia que ha obligado a suspender actividades escolares y reforzar operativos de seguridad.
FGR investiga la explosión en Coahuayana
Autoridades federales y estatales activaron de inmediato un despliegue por aire y tierra para trasladar a los heridos, mientras corporaciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana incrementaron la vigilancia en la región. Hasta el cierre de esta edición, ninguna organización criminal se había adjudicado el ataque.
La FGR precisó que la indagatoria quedó formalmente a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Además, la institución encabezada por Ernestina Godoy corrigió la primera versión difundida el sábado, al explicar que la atracción del caso por parte de la unidad especializada en terrorismo generó una interpretación errónea, pero que la investigación corresponde al ámbito de delincuencia organizada.
En el sitio operan 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), especializados en disciplinas como criminalística de campo, genética, lofoscopía, fotografía, ingeniería y arquitectura, tránsito terrestre, incendios y explosivos, así como química y balística forense.
Su labor se centra en recopilar evidencia física, analizar restos del vehículo y determinar el tipo y cantidad de material explosivo utilizado.

La FEMDO trabaja además con autoridades estatales de Michoacán para integrar informes preliminares y reconstruir la secuencia de hechos, incluyendo la identidad del conductor de la camioneta pickup presuntamente cargada con explosivos, quien habría muerto en el momento del estallido. Las dependencias involucradas señalaron que la investigación avanza bajo protocolos contra células delictivas que operan en la región.
Así fue tragedia en Michoacán
El estallido ocurrió alrededor del mediodía, cuando el vehículo fue estacionado frente a la Policía Comunitaria y se activó la carga explosiva. Además de la muerte del presunto conductor, personas que transitaban en la zona fallecieron al instante o durante su traslado a hospitales. Otras ocho fueron movilizadas en helicópteros federales y estatales hacia Morelia para recibir atención de alta especialidad.
El impacto destruyó ventanas, fachadas y al menos cinco automóviles estacionados, además de provocar cortes de energía eléctrica. Habitantes de Coahuayana reportaron pánico y crisis nerviosas ante la magnitud del estallido, uno de los más fuertes registrados en el municipio en los últimos años.

La región ha enfrentado episodios violentos recurrentes. En septiembre pasado, el alcalde Andrés Rafael Aguilar Mendoza suspendió clases ante el riesgo por enfrentamientos, lo que generó un llamado de atención del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien aseguró que la seguridad “está totalmente controlada”.
No obstante, hechos recientes contradicen esa afirmación: semanas atrás hubo detonaciones de artefactos explosivos que dejaron dos muertos.
En esta zona de la Sierra Costa operan desde hace más de una década células criminales locales y se han documentado incursiones constantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, particularmente en los municipios de Chinicuila y Aquila.
A ello se suma el antecedente del 25 de agosto de 2024, cuando ocho guardias comunitarios fueron emboscados y asesinados, y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, que motivó la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Hasta ahora, ninguna organización ha reivindicado el ataque en Coahuayana y las autoridades mantienen un operativo permanente para estabilizar la zona.
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