Los exgobernadores panistas argumentaron que las concesiones de agua de su propiedad se encuentran dentro del marco legal.
En medio de la discusión en el Senado sobre la nueva Ley de Aguas, salieron a relucir los nombres de exgobernadores panistas que cuentan con concesiones de agua.
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El senador Gerardo Fernández Noroña había planteado que la inconformidad de los panistas con la reforma es porque se dedicaron a acaparar el agua y amenazó con exhibir los nombres de algunos miembros del albiazul que cuentan con concesiones para el uso del vital líquido.
Por ello, antes de verse envueltos en la acusación, algunos panistas han comenzado a intentar explicar el origen de sus títulos de agua.
Exgobernadores panistas admiten tener concesiones de agua
Tras haberse revelado que algunos panistas gozan de concesiones de uso de agua, dos exgobernadores del albiazul han salido a intentar defender su propiedad.
Se trata de Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, y Miguel Márquez, de Guanajuato, quienes ofrecieron una rueda de prensa para hablar sobre sus concesiones de agua.
Francisco Ramírez manifestó que tiene una superficie de riego de 27 hectáreas en las que produce limones, asegurando que su concesión se encuentra dentro del marco legal y que, si encontraran alguna irregularidad, “pues que se la cancelen”.
Por su parte, Miguel Márquez dijo que cuenta con dos concesiones, una con antigüedad de 50 años, con 150 mil metros cúbicos, y se riegan 30 hectáreas, señalando que ambas no tienen ninguna desviación.
¿De qué trata la reforma a la Ley de Aguas?
La nueva Ley de Aguas busca definir las reglas sobre el uso del recurso en procesos productivos como la agricultura, pero al mismo tiempo asegurar su disponibilidad para todas las personas.
En la propuesta se indica que el uso del agua no puede ser intercambiado entre particulares, ya que será la Comisión Nacional del Agua (Conagua) quien la distribuya. Así, el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso de agua, delineando las acciones que deberán asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal).
La ley contempla la creación de un Registro Nacional del Agua como una herramienta que favorezca el control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones.
También se modifica el régimen de concesiones y se elimina la mercantilización tanto de las concesiones como de las asignaciones de agua, por lo que estas ya no se pueden transmitir, vender, ni se podrá destinar el agua a un uso distinto al que está inscrito en la asignación.
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