La SRE recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya otros funcionarios implicados.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por su presunta participación en una red de colaboración con el Cartel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia la frontera norte.
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Las autoridades estadounidenses sostienen que esta red de funcionarios habría recibido millones de dólares en sobornos a cambio de facilitar el tráfico de narcóticos, en un esquema que, afirman, permitió al Cartel de Sinaloa consolidar su dominio como una de las principales organizaciones criminales a nivel global.
El fiscal federal Jay Clayton señaló que el caso evidencia cómo el crimen organizado depende de la corrupción institucional para operar, mientras que la Administración de Control de Drogas (DEA) reiteró que continuará las acciones para desmantelar estas redes.
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De acuerdo con la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya habría conspirado para importar grandes cantidades de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína a Estados Unidos, además de enfrentar cargos por posesión de armas de uso exclusivo, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos.
Las autoridades estadounidenses señalan que el mandatario estatal habría recibido apoyo del grupo criminal, particularmente de la facción conocida como Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, para llegar al poder en 2021 mediante intimidación y secuestro de rivales políticos.
A cambio, según la acusación, Rocha Moya habría sostenido reuniones con líderes del cártel, comprometiéndose a proteger sus operaciones y permitirles actuar con impunidad en Sinaloa.
De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
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La acusación también incluye a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa, quienes presuntamente formaban parte de una red de corrupción que facilitaba las operaciones del cartel.
Entre ellos se encuentra el senador Enrique Inzunza Cázarez, así como el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal estatal Dámaso Castro Zaavedra; y el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez.
También figuran mandos policiales como José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán, este último acusado además de secuestro con resultado de muerte de un informante de la DEA y un familiar.
Asimismo, fue imputado el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, junto con otros exmandos de la policía investigadora estatal.
Según el documento judicial, todos ellos habrían desempeñado distintos roles para proteger al cártel: desde filtrar información confidencial sobre operativos, hasta ordenar a corporaciones de seguridad resguardar cargamentos de droga o permitir actos de violencia sin intervención.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la Fiscalía General de la República. La dependencia detalló que en los documentos no se anexan pruebas.
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