Entre críticas y protestas, aprueba el INE lineamientos para revocación de mandato

En medio de duros cuestionamientos de Morena, así como de legisladores por tomarse indebidas atribuciones que son potestad del Congreso y las críticas del PAN, PRI y PRD  por no acotar suficientemente el papel de los partidos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos del ejercicio de Revocación de Mandato, decisión que justificó el Presidente Consejero de ese Instituto, Lorenzo Córdova, pretextando la dilación en la aprobación de la ley secundaria, por lo que, argumenta, se tenían que tomar previsiones para garantizar la certeza en su organización y tomar previsiones presupuestales.

Alegando que el INE tiene, como fecha límite el 27 de agosto para aprobar su proyecto de presupuesto a fin de remitirlo a la Secretaría de Hacienda para su integración en su paquete presupuestal, los consejeros del organismo electoral resolvieron aprobar, supliendo de alguna forma al legislativo, los lineamientos que regirán la consulta popular para la revocación de mandato.

“Para decirlo con claridad, si nosotros no damos este paso, las áreas no tendrán ningún sustento para empezar a actuar al respecto y en caso de que se actualizara la solicitud de revocación de mandato es muy probable que los tiempos con los que contaran fueran insuficientes, para que las áreas pudieran hacer todo lo necesario para la adecuada implementación”, aseveró la consejera Dania Ravel.

Alejandro Viedma, representante legislativo de Morena, dijo entender el contexto en que actuaba el INE, sin embargo debería esperar a que el Congreso, en uso de sus facultades, aprobará la ley reglamentaria de revocación de mandato.

Viedma recordó a los consejeros del INE que se están adoptando los pasos necesarios para su aprobación y que, desde comisiones de la Cámara de Diputados, se les pidió que se esperara a septiembre para aprobar los lineamientos con posterioridad en caso de que no se aprobara la ley: “Es evidente y muchos lo hemos reconocido de distintos partidos que existió y existe una omisión legislativa; somos críticos y somos responsables de dicha omisión”.

Por su parte, el morenista Eurípides Flores cuestionó la inconsistencia en los costos presupuestados por el INE, pues para la consulta popular de agosto pasado se destinó 8 mil 805 pesos por casilla, mientras que para la revocación de mandato solicitan 23 mil 719 pesos, lo que Córdova descalificó como una comparación de “peras con manzanas” pues, argumenta que el la consulta del pasado agosto se utilizaron a los mismos funcionarios que colaboraron en las elecciones del 6 de junio.

A manera de justificación por exceder sus facultades, Córdova señaló que “hoy estamos a 616 días de que se publicó la reforma constitucional, y desde hace 436 habríamos tenido que contar con una ley reglamentaria por lo que el INE, en este sentido, no puede especular sobre si habrá o no acuerdo entre las y los legisladores, y cuándo ocurrirá esto. Deseamos, por supuesto, que esto pueda suceder a la brevedad posible, a todos nos conviene claridad y certeza”.

Refugiándose en la necesidad de realizar las previsiones presupuestales para estos ejercicios, dijo que el INE no podría ser omiso y no tomar previsiones para la organización, a lo cual se suma la necesidad de aprobar el proyecto de presupuesto del INE para 2022.

“El INE, insisto, nunca ha pretendido, ni pretenderá invadir las competencias de otro órgano del Estado, por ello podemos afirmar con la misma convicción que defendemos y hemos defendido permanentemente nuestra autonomía frente a eventuales intromisiones de otros poderes y órganos del Estado”, añadió.

“Si el INE y el Congreso no dan todos los elementos legales de certeza, podemos estar en una representación muy lamentable de aprendices de brujo, puede interrumpirse un mandato constitucional del jefe del estado mexicano, eso no puede ocurrir sobre la improvisación, la incertidumbre y la ausencia de normas, aunque son contrario a la idea del ejercicio, mi responsabilidad es aprobar estos lineamientos para dar certeza a la ciudadanía y a los actores políticos”, apuntó el consejero Ciro Murayama en su oportunidad.