Enrique Inzunza ha defendido su inocencia asegurando que las acusaciones de EU son falsas, pues no tiene nexos con el narcotráfico.
El senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez reapareció vía remota en una sesión del Senado de la República.
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El senador se había distanciado de las labores públicas desde finales de abril de 2026 debido a que fue incluido en la lista de funcionarios sinaloenses solicitados por la justicia estadounidense.
Inzunza defendió su inocencia y acordó con la bancada de Morena no integrarse ni asistir a las sesiones presenciales del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para evitar lo que él mismo denominó una “embestida mediática y un espectáculo indigno de la oposición”.
Enrique Inzunza reaparece en el Senado en sesión virtual
Tras 57 días de ausencia en las sesiones del Senado de la República, el senador Enrique Inzunza reapareció este jueves participando en una sesión virtual de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.
Vistiendo un traje azul con camisa blanca en un escenario lleno de libros, el legislador sinaloense participó en la discusión de la nueva Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, así como las reformas correspondientes al Código Nacional de Procedimientos Penales, enfocándose en la defensa de los grupos vulnerables.
El senador se ha mantenido en un retiro temporal y bajo un perfil público muy bajo, concentrándose principalmente en su defensa legal y su permanencia política en Sinaloa.
Asimismo, ha utilizado sus redes para enviar mensajes sobre su inocencia y defendiendo su trayectoria pública, que incluye su paso por el Poder Judicial.
¿De qué se le acusa a Inzunza Casares?
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusan a Enrique Inzunza y a otros funcionarios estatales, incluidos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, de los delitos de:
Conspiración para el narcotráfico, por su presunta participación en la importación, fabricación y distribución de narcóticos hacia los Estados Unidos entre los años 2021 y 2024, periodo en el que se desempeñó como secretario general de Gobierno en Sinaloa.
Corrupción institucional y protección al crimen organizado, por presuntamente utilizar su cargo público y su influencia en las estructuras estatales para brindar protección institucional, impunidad y facilitar las operaciones de facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente la dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocida como “Los Chapitos”, a cambio de millonarios sobornos y apoyo político para mantener el control del Estado.
Delitos relacionados con armas de fuego, por la presunta posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos vinculados a las actividades de tráfico de drogas.
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