La Suprema Corte de Justicia se dividió, pues una minoría de ministros consideró que esta resolución puede sentar malos precedentes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia que obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a pagar 103 millones 73 mil 347 pesos a Grupo Televisa.
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Esta cantidad corresponde a intereses generados por pagos de impuestos indebidos que la empresa realizó en los ejercicios fiscales de 1998, 1999, 2003 y 2004. Televisa reclamó la nulidad de una resolución administrativa que le negaba la devolución de intereses derivados de pagos de impuestos realizados en exceso hace décadas.
Tras ganar juicios previos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le devolvió las cantidades principales, pero surgió una disputa sobre el cálculo de los intereses generados por ese dinero durante el tiempo que estuvo en manos de Hacienda.
Este fallo es la culminación de un largo proceso legal que comenzó cuando la televisora reclamó la nulidad de una resolución que le negaba devoluciones de impuestos.
Hacienda deberá pagar 103 mdp a Televisa
De acuerdo con Milenio, con una votación de 6 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la SCJN desechó un recurso de revisión que Hacienda había interpuesto para intentar evitar el pago por más de 103 millones a Televisa por concepto de intereses.
Los 6 ministros que estuvieron a favor de desechar el recurso promovido por Hacienda y en beneficio de la televisora señalaron que el pleito ya no trataba sobre si una ley era constitucional o no, sino sobre una “mera legalidad”, por lo que no debían intervenir.
Consideraron que tribunales anteriores ya habían analizado el caso a fondo y determinado que el SAT hizo mal los cálculos.
Por su parte, las ministras de la Corte, Lenia Batres, María Estela Ríos y el ministro Arístides Guerrero fueron quienes se opusieron firmemente y sugirieron que el caso sí tenía importancia suficiente para ser revisado a fondo por la Corte, pues se trataba de una devolución de impuestos que venía de hace más de 20 años y que los intereses se habían inflado demasiado.
La ministra del pueblo advirtió que, aunque 103 millones de pesos podrían parecer “poco” comparado con otros juicios, el criterio que se estaba usando era peligroso. Dijo que permitir que las empresas ganen estos montos basados en “formalismos” o errores de procedimiento de la autoridad afecta directamente a las finanzas del país.
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