La determinación de la Suprema Corte sobre la tragedia ocurrida en la Guardería ABC abrirá la puerta a nuevas investigaciones.
A 17 años del incendio en la Guardería ABC, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los delitos relacionados con la tragedia son imprescriptibles por lo que podrán seguir siendo investigados y perseguidos penalmente sin importar el tiempo transcurrido.
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Los altos funcionarios que gozaron de impunidad por el caso Guardería ABC
La determinación abre la posibilidad de fincar responsabilidades a más exfuncionarios vinculados con los hechos.
La resolución fue aprobada por unanimidad a partir del proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz, quien sostuvo que el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, representó una grave violación a los derechos de la infancia debido a la omisión del Estado en su deber de protección.
Aunque todos los ministros respaldaron el sentido del fallo, algunos expresaron diferencias respecto a la argumentación jurídica utilizada.
“Se concluye que en aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de condiciones de impunidad la prescripción es inadmisible e inaplicable respecto de la acción penal ejercida por delitos cometidos en los hechos cometidos como el caso guardería ABC”, dijo la ponente.
Ministras de la Corte atribuyen tragedia al neoliberalismo
Durante la discusión sobre el caso de la Guardería ABC, el Pleno de la Suprema Corte guardó un minuto de silencio en memoria de las 49 niñas y niños que perdieron la vida en el incendio ocurrido en 2009 y de las 106 personas que resultaron heridas.
En ese contexto, las ministras María Estela Ríos y Lenia Batres aprovecharon el debate para señalar que la tragedia tuvo su origen en el modelo de privatización de las guarderías implementado durante el sexenio de Felipe Calderón.
María Estela Ríos dijo que el incendio fue consecuencia de una política que trasladó al sector privado un servicio que correspondía al Estado, lo que derivó en fallas de supervisión y atención.
“Fue producto de un modelo de neoliberal que privatizó el servicio de las guarderías del Estado. Hay que tenerlo muy presente porque pareciera que es inocuo y que sí hubo responsabilidad del Estado porque el Estado fue el que privatizó el servicio de las guarderías y en ese sentido omitió darle la debida atención al servicio de guarderías. Recordemos eso para que no se nos olvide y digamos no a un nuevo proyecto que intente privatizar los servicios de salud pública”, dijo.
Por su parte, Lenia Batres afirmó que el caso reflejó “un modelo de renuncia del Estado” en la protección de la infancia.
“Este modelo neoliberal destruyó esa actividad solidaria del Estado mexicano que antes habían asumido los institutos mexicanos de seguridad social y de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado”, señaló.
Van contra exfuncionario tras tragedia en Guardería ABC
La Suprema Corte resolvió un amparo relacionado con el proceso penal contra Sergio Antonio Salazar, quien se desempeñó como director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS entre 2006 y 2009.
El exfuncionario fue detenido en 2020, tras una denuncia presentada por el propio Instituto, junto con la entonces coordinadora nacional de Guarderías, debido a que ambos no habían sido investigados previamente por su posible responsabilidad en el caso de la Guardería ABC.
Salazar impugnó la vinculación a proceso dictada el 18 de noviembre de 2020 por los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión en agravio de niñas y niños, además de la medida de prisión preventiva justificada.
En su recurso argumentó que la acción penal ya había prescrito, al considerar que el plazo para perseguir los hechos concluyó el 13 de septiembre de 2019; sin embargo, los tribunales federales rechazaron ese planteamiento.
Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa subrayó que:
“El deber de buscar la verdad, de investigar y en su caso de sancionar, no caduca con el paso de los años y mucho menos cuando las víctimas fueron niñas y niños que empezaban su vida. Estoy consciente de que esta resolución no devolvemos la vida de estas 49 menores de edad, ni reparamos por completo el dolor de sus familias, pero sí honramos su memoria”.
Con esta resolución, la Corte ordenó devolver el expediente al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para que emita una nueva sentencia de amparo conforme al criterio de que estos delitos son imprescriptibles y analice el resto de los argumentos presentados por el exfuncionario.
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