Por medio de La Licuadora, Aureoles pudo construirse espacios lujosos de uso personal dentro de instalaciones de cuarteles de la SSP.
La contralora del Estado de Michoacán, Azucena Marín Correa, ofreció una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre la estafa conocida como “La Licuadora”, de la cual se valió el exgobernador Silvano Aureoles para obtener beneficios del erario.
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Como se ha informado previamente, el exgobernador de Michoacán se encuentra prófugo de la justicia tras la orden de aprehensión que le giró la Fiscalía General de la República (FGR).
La estafa “La Licuadora” habría desviado 3 mil 412 millones de pesos durante el gobierno de Silvano Aureoles, fondos que deberían haber sido destinados a programas específicos. Esta malversación provocó graves problemas financieros en el estado, como la falta de pago a maestros durante al menos tres meses.
La Licuadora, el esquema de corrupción de Silvano Aureoles
Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador de Michoacán, explicó el esquema conocido como La Licuadora, que consistía en que todo recurso federal que llegaba, no importaba si llegaba etiquetado o no, se destinaba para otras cosas distintas; se desviaba el recurso financiero.
“Llegaba recurso para salud, llegaba recurso para medicina, había recurso para los maestros para la nómina magisterial, y lo desviaban a la construcción de cuarteles. Primero los rentaron, luego los compraron y, finalmente, pues hay una acción ilegal que la FGR está persiguiendo”.
De acuerdo con la contralora del Estado, Aureoles instruyó a autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Secretaría de Finanzas a comprar a sobreprecio 7 cuarteles policiacos.
Para llevarlo a cabo, entre 2016 y 2017 se entregaron contratos por adjudicación directa a la inmobiliaria DyF S.A. de C.V. para la renta de dichos complejos, ubicados en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.
Entre los vicios encontrados por las autoridades destacó que la inmobiliaria antes citada no pudo comprobar la propiedad de los terrenos en donde se construyeron los cuarteles. Otras inconsistencias fueron la falta de proyectos ejecutivos y la realización de convenios modificatorios de mantenimiento sin evidencia de los servicios.
Es precisamente en el rubro de mantenimiento de esos cuarteles que el gobierno de Aureoles invirtió 3 mil 486 millones de pesos, los cuales se comprobó que fueron de procedencia ilícita.
Ya con Ramírez Bedolla al frente del gobierno estatal, la Secretaría de Contraloría realizó una auditoría a los cuarteles en noviembre de 2021. Durante la inspección a las propiedades se constató que todas incluían al menos una recámara destinada al uso del exgobernador Silvano Aureoles. Dichos espacios estaban equipados con vidrios blindados y muebles lujosos.
¿De qué se le acusa a Silvano Aureoles?
El exgobernador Silvano Aureoles fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de causar un daño patrimonial al Estado mexicano de 3 mil 412 millones 165 mil pesos, mediante la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional (GN).
Para realizar la estafa, el gobierno de Aureoles pagó casi mil millones de pesos por un cuartel, cuando el costo promedio de una instalación de la Guardia Nacional es de aproximadamente 200 millones de pesos.
Aureoles no actuó solo, sino que contó con una red de colaboradores que facilitaron el desvío de recursos, entre los que se encuentran:
- Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas
- Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública
- Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán
- Elizabeth Villegas, exdelegada administrativa.
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