Norma Piña vulneró como presidenta del CJF la estabilidad presupuestaria del Poder Judicial heredando daños estructurales al OAJ.
El nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) enfrenta un panorama crítico heredado del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encabezado durante los últimos años por la ministra Norma Piña. Así lo reveló Néstor Vargas Solano, presidente del OAJ, al presentar su Primer Informe de Labores, correspondiente a los primeros 100 días de gestión.
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De acuerdo con Vargas Solano, el CJF de Norma ´Piña dejó un déficit financiero cercano a los 14 mil millones de pesos, además de severas carencias operativas que afectaron de manera directa el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Entre los principales problemas detectados se encuentran la falta de mantenimiento en inmuebles, equipos multifuncionales en mal estado, carencia de recursos básicos para la labor jurisdiccional, como impresoras y escáneres, y una preocupante desorganización administrativa.
Norma Piña puso en riesgo el salario de 50 mil trabajadores del PJF
El funcionario advirtió que la situación fue tan grave que estuvo en riesgo el pago de salarios de más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial durante la primera quincena de septiembre, debido a que no existía un tabulador de sueldos vigente.
Según explicó, el extinto CJF permitió que el anterior esquema salarial venciera el 31 de agosto de 2025, sin prever uno nuevo, lo que obligó al OAJ a intervenir de manera urgente. Estas irregularidades ya fueron notificadas a la Contraloría para que se investiguen posibles responsabilidades administrativas.
Durante su mensaje, Vargas Solano afirmó que el OAJ se encuentra “frente a un hecho histórico”, ya que con la extinción del CJF se están desmantelando redes internas de poder que, dijo, “se creían intocables” y que durante años protegieron intereses particulares en detrimento de jueces, magistrados y trabajadores de base. Subrayó que las anomalías heredadas impactaron negativamente la impartición de justicia federal y evidenciaron una falta grave de coordinación entre las áreas administrativas del antiguo órgano.
Otro punto crítico señalado en el informe fue la inexistencia de estudios jurídicos, presupuestales y financieros para cumplir con lo establecido en el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, relativo a los pagos para jueces y magistrados que decidieron competir en la elección judicial de junio pasado o que renunciaron a sus cargos.
Además, en materia de archivos judiciales, se detectó una sobrecarga de expedientes en espacios destinados a labores jurisdiccionales y depósitos documentales con una ocupación cercana al 98 por ciento de su capacidad.
OAJ implementó medidas para subsanar los daños provocados por el CJF
Ante este escenario, el OAJ implementó acciones inmediatas para corregir las omisiones del CJF, entre ellas la creación de un nuevo tabulador salarial para el personal del OAJ y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), incluyendo puestos inexistentes antes de la reforma judicial.
Vargas Solano precisó que los niveles 12 al 34 de la estructura laboral no sufrieron afectaciones en sus prestaciones, aunque se eliminaron beneficios como el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada para los niveles más altos y para el personal de nuevo ingreso.
El informe fue presentado ante integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del TDJ, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), representantes del Congreso de la Unión y de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Finalmente, Vargas Solano destacó que, en poco más de tres meses, el OAJ ha comenzado a sentar las bases de un sistema judicial con una separación clara entre funciones jurisdiccionales y administrativas, así como una gestión más responsable de los recursos públicos.
Como parte de esta reingeniería, la Coordinación de Seguridad del PJF también está actualizando protocolos y planes estratégicos para garantizar la seguridad en los inmuebles judiciales y de las personas que laboran o acuden a ellos.
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