La senadora Guadalupe Chavira presentó una propuesta que busca frenar las redes de corrupción dentro del sistema judicial.
La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de tipificar el fraude procesal cometido por jueces y abogados. De acuerdo con la legisladora, estas prácticas han derivado en el despojo ilegal de propiedades y han generado más de cuatro mil denuncias únicamente en la Ciudad de México.
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Durante su intervención en la tribuna de la Comisión Permanente, Chavira advirtió que actualmente este delito no está claramente tipificado, pese a que se configura mediante acciones como la presentación de documentos falsos, la ocultación de hechos relevantes, la simulación de actos jurídicos o el uso de testigos falsos en juicios civiles, familiares, mercantiles, penales o administrativos.
La propuesta contempla sanciones de hasta 12 años de prisión y la suspensión del ejercicio profesional cuando los responsables sean abogados, peritos o litigantes autorizados, por un periodo equivalente a la pena impuesta.
Morena va contra jueces y abogados corruptos
La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, explicó que el fraude procesal se distingue de otros fraudes porque se comete directamente durante el desarrollo de un procedimiento judicial.
Detalló que este ilícito se configura mediante la alteración o falsificación de documentos, testimonios manipulados o peritajes falsos sin sustento verídico, los cuales inducen al error a la autoridad judicial para que emita una resolución injusta, generando un daño patrimonial a la parte afectada o incluso a terceros.
En ese contexto, la legisladora advirtió que las consecuencias de este delito van más allá del ámbito económico inmediato.
“La comisión de este delito puede generar además la afectación de otros bienes jurídicos que son protegidos como el patrimonio de las personas, cuando en dichos procesos o juicios se encuentra en el centro de litigio la resolución sobre la ocupación, posesión y propiedad de bienes inmuebles, lo que puede resultar un despojo indebido de los mismos”.
Chavira subrayó que actualmente el Código Penal Federal no contempla de manera específica el delito de fraude procesal. Precisó que la legislación vigente únicamente sanciona los llamados “delitos de falsedad” en declaraciones judiciales, en informes rendidos ante la autoridad y la falsificación de documentos en general, lo que deja vacíos legales que permiten estas prácticas.
Por ello, insistió en la necesidad de una reforma que atienda de fondo esta problemática dentro del sistema de justicia.
¿En qué consiste la iniciativa de Guadalupe Chavira?
La iniciativa impulsada por la senadora de Morena, Guadalupe Chavira, tiene como eje central tipificar de manera clara y específica el delito de fraude procesal en el Código Penal Federal, con el fin de frenar el despojo de bienes y fortalecer la administración de justicia en todo el país.
La legisladora señaló que, aunque en la Ciudad de México se han logrado avances, en otras entidades como Baja California este tipo de prácticas han ido en aumento, afectando gravemente el patrimonio de miles de personas.
Chavira advirtió que jueces y abogados han llegado a operar “como verdaderas pandillas”, aprovechando vacíos legales para simular compraventas, usurpar identidades y promover juicios falsos.
Tan solo en la capital del país, durante el año pasado, se registraron 4 mil 071 denuncias relacionadas con este delito, atendidas por la Fiscalía General de Justicia, lo que permitió visibilizar la magnitud del problema y la urgencia de una reforma a nivel federal.
La propuesta plantea adicionar un Capítulo III denominado Fraude Procesal y un artículo 227 Bis al Título Décimo Primero del Código Penal Federal. En este se establece que será sancionada cualquier persona que, con el propósito de obtener una sentencia, resolución o acto administrativo en beneficio propio o de terceros, altere, simule o presente actos jurídicos, escritos judiciales o pruebas falsas para engañar a la autoridad judicial o administrativa.
Las penas previstas van de 12 meses a 8 años de prisión, además de multas económicas, con agravantes cuando el beneficio indebido supere cierto monto o cuando participen profesionales del derecho, quienes podrían ser suspendidos de ejercer su actividad. Con esta iniciativa, se busca proteger el patrimonio, combatir el despojo y dar certeza jurídica a las víctimas.
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