El candidato aseguró ser víctima de un proceso injusto y dijo que esto no debería ser motivo para anular su participación.
Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez federal de Distrito en Materia Mixta para el estado de Durango, reconoció públicamente haber pasado casi seis años en una prisión de Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de metanfetamina.
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La confesión ha generado controversia y llevó al Congreso a impugnar formalmente su candidatura ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Candidato a juez preso en EU minimiza sus antecedentes
En un video difundido a través de sus redes sociales, Chávez Vargas admitió haber enfrentado un proceso judicial en 2015 en Estados Unidos, que calificó como “injusto e inhumano”. Aunque reconoció que se hizo responsable de una sustancia ilícita encontrada en el autobús que conducía, afirmó que fue víctima de injusticias durante el proceso, sin entrar en mayores detalles.
“Hace años enfrenté un proceso judicial en Estados Unidos, un proceso que no negaré ni mentiré al respecto, transformó mi vida. Asumí la responsabilidad de una sustancia ilícita que venía en un autobús del cual yo era responsable. Viví ciertos atropellos y ciertas injusticias”, dijo el candidato en su mensaje.
A pesar de las críticas, Chávez Vargas ha reiterado su intención de postularse y pidió el respaldo de la ciudadanía:
“Nunca me he vendido ante ustedes como el candidato perfecto. Al contrario, soy el más imperfecto, pero el que más ganas tiene de ayudarlos a ustedes, de ayudar a mi familia, de ayudar a la comunidad”.
La detención de Leopoldo Javier Chávez en EU
Chávez Vargas fue detenido el 13 de noviembre de 2015 en el puente internacional Lincoln-Juárez, cuando autoridades estadounidenses inspeccionaron el autobús en el que viajaba. Según la organización Defensorxs, agentes fronterizos detectaron, mediante rayos X, un bulto oculto en un extintor ubicado debajo de su asiento.
El hoy candidato aseguró que escondió el objeto “sin saber qué contenía” con la intención de transportarlo a Dallas, Texas.
Posteriormente, fue procesado por cargos de conspiración e importación de metanfetamina, así como por posesión de sustancias prohibidas con intención de distribución. Pasó cinco años y siete meses en una prisión estadounidense antes de recuperar su libertad.
Tras conocerse los antecedentes, tanto el Senado como la Cámara de Diputados promovieron una impugnación ante el TEPJF solicitando la anulación de su candidatura, bajo el argumento de que su historial penal representa un impedimento para ocupar un cargo en el Poder Judicial Federal.
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