Buen Gobierno logró la inhabilitación de hasta diez años contra funcionarios del SAT y Banbien por corrupción, tras detectar fraudes y retiros indebidos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la inhabilitación de cuatro ex servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (Banbien), tras acreditar faltas administrativas relacionadas a corrupción. Dichas sanciones, que alcanzan hasta los diez años sin poder ejercer cargos públicos, fueron determinadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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Las investigaciones contra los funcionarios, realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC) de las instituciones nombradas, permitieron documentar irregularidades que van desde la manipulación de trámites fiscales hasta el retiro indebido de recursos de cuentas bancarias, afectando directamente a ciudadanos.
Buen Gobierno exhibe fraudes y anomalías en SAT y Banbien
En el caso del SAT, se detectó que una funcionaria incurrió en la asignación irregular de citas para trámites, utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el sistema oficial, lo que evidenció un uso indebido de información y posibles beneficios ilegales.
Por su parte, en el Banco del Bienestar se identificaron conductas más graves. Tres funcionarios participaron en irregularidades, entre ellas el retiro de más de 275 mil pesos de cuentas bancarias sin autorización de los titulares.
Además, se documentó la realización de conciliaciones con información falsa, lo que compromete la transparencia y confiabilidad de las operaciones financieras. Las sanciones económicas impuestas a los responsables van de los 25 mil a los 250 mil pesos, en función de la gravedad de las faltas cometidas.
¿Quiénes son los funcionarios sancionados del SAT y Banbien?
Entre los sancionados se encuentra Víctor R., exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT, quien recibió una inhabilitación de un año para ocupar cargos públicos. En el caso del Banco del Bienestar, Juan D., exsubjefe de área; Orlando P., exauxiliar de sucursal; y Marco M., exasistente administrativo, fueron inhabilitados por diez años, además de recibir sanciones económicas.
Las autoridades señalaron que los implicados tienen derecho a impugnar las resoluciones; sin embargo, advirtieron que las decisiones están sustentadas en pruebas sólidas y en estricto apego a la ley. En su posicionamiento, la Secretaría subrayó que el combate a la corrupción requiere tanto de la acción institucional como de la participación ciudadana, por lo que exhortó a denunciar cualquier irregularidad a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.
Asimismo, enfatizó que quienes traicionan la confianza pública deben enfrentar consecuencias, reiterando su compromiso de fortalecer una cultura de legalidad, transparencia y cero impunidad en el servicio público.
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Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
