Autoridades señalaron que Borge dirigió y dio las órdenes para vender 22 terrenos propiedad del estado durante su administración.
El exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo fue declarado líder de una organización criminal dedicada a la enajenación ilegal de bienes inmuebles del estado.
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Esta resolución lo perfila a enfrentar hasta 40 años de prisión por delitos de delincuencia organizada, con un quebranto al erario superior a 900 millones de pesos.
El Tribunal Colegiado de Apelación de Xochitepec revocó la imputación previa que lo colocaba como un subordinado dentro de la red criminal y determinó que fue quien dirigió y dio las órdenes para vender 22 terrenos propiedad del estado durante su administración.

La resolución se produjo tras un recurso promovido por la Fiscalía General de la República (FGR), que logró acreditar que Borge Angulo utilizó su posición de poder y acceso a información privilegiada, como el Plan Estatal de Desarrollo, para identificar zonas de alto valor futuro y beneficiar a la organización mediante operaciones simuladas y ventas a precios muy por debajo del valor comercial.
De acuerdo con la toca penal 269/2024, consultada por la revista Proceso, la red criminal estuvo integrada por exservidores públicos, familiares y prestanombres, quienes constituyeron empresas fantasma para adquirir los predios.
Algunos de estos inmuebles se localizan en zonas estratégicas de la Riviera Maya, con alto potencial turístico y hotelero.
Borge enfrentaría 40 años de cárcel por quebranto de 900 mdp
Con la reclasificación jurídica, la FGR sostuvo que Borge Angulo debe enfrentar su proceso como líder de una organización criminal, figura que contempla penas de hasta 40 años de cárcel, conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En ese contexto, el Tribunal Colegiado de Apelación determinó que el exgobernador debe permanecer recluido en el Ceferepsi de Ayala, y rechazó la solicitud de su defensa para trasladarlo a una cárcel de baja seguridad en Cancún.

Los magistrados consideraron que dicho traslado incrementaría el riesgo de fuga, dada su capacidad económica, así como la posibilidad de recibir tratos diferenciados o apoyo para una eventual evasión.
Incluso, el fallo advierte que esa misma condición económica podría representar un riesgo para la integridad del propio imputado, al quedar expuesto a posibles agresiones de terceros interesados en el curso del proceso penal.
Presunta cómplice de Borge Angulo se encuentra prófuga
Además de Borge Angulo, en los expedientes judiciales figura Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE), quien presuntamente firmó las escrituras a favor de terceros.
Su paradero es desconocido, aunque ha promovido juicios de amparo y recursos administrativos para evitar su detención y deslindarse de responsabilidades.
Otra modalidad documentada por la autoridad fue la venta de predios a empresas fachada, creadas por prestanombres vinculados al exmandatario, a precios simbólicos, lo que permitió el despojo sistemático del patrimonio estatal.

Roberto Borge fue detenido en junio de 2017 en Panamá, cuando presuntamente intentaba huir a Europa. En enero próximo se cumplirán ocho años de su internamiento en el penal federal de Morelos.
Aunque en el pasado se habló de la posibilidad de que accediera a la prisión domiciliaria, beneficio concedido a otro exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, la reciente resolución judicial prácticamente descarta ese escenario.
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