Tras el discurso de Norma Piña, Alejandro Armenta exhibió como la ministra ignoró que es el pueblo que decide el rumbo de la nación.
Corría febrero de 2023 cuando, en el marco de la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución, se vivió un momento que marcaría el pulso de la relación entre los poderes de la Unión. Norma Lucía Piña Hernández, recién nombrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pronunció un discurso en defensa de la independencia judicial. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas como una omisión de la soberanía popular que había impulsado los cambios políticos y sociales del país en esos años, por lo que el entonces senador Alejandro Armenta fijó una postura contundente.
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Alejandro Armenta Mier, en ese momento presidente de la Mesa Directiva del Senado y hoy gobernador de Puebla, respondió con firmeza.
Norma Piña pidió respetar al Poder Judicial
Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores, legisladores y ministros de la Corte, Armenta recordó que la Constitución de 1917 surgió de luchas sociales profundas, y que la Cuarta Transformación representaba la continuación de ese legado. En su intervención, subrayó:
“El pueblo pone y el pueblo quita”, una frase que resonó en todo el recinto como recordatorio de que la legitimidad democrática no reside en los poderes fácticos, sino en la voluntad popular.
En aquel acto solemne, Norma Piña utilizó su primera gran aparición pública como ministra presidenta para llamar al respeto irrestricto del Poder Judicial. Enfatizó que la independencia de jueces y magistrados era la condición esencial para garantizar los derechos humanos y la justicia constitucional en México.
Sus palabras buscaban reforzar la idea de que la Corte no podía estar subordinada a intereses políticos ni coyunturales, y que el equilibrio de poderes debía preservarse.
“Las sentencias de la Suprema Corte serán las que hablen por nosotros”, expresó Piña en su discurso, convencida de que la legitimidad judicial debía medirse por la solidez de sus resoluciones y no por las mayorías políticas.
Aquella postura coincidía con el periodo en que la mayoría de los ministros se oponían a la reforma judicial que, como se sabe hoy, fue aprobada en septiembre de 2024 y transformó de raíz al Poder Judicial, obligando a la renovación de todos los ministros mediante elección popular.
Así defendió Armenta los proyectos a favor del pueblo
La respuesta de Alejandro Armenta no solo fue un posicionamiento político, sino también un repaso de las reformas aprobadas en el Congreso como reflejo del mandato popular de 2018.
En su discurso destacó la Ley de Austeridad Republicana, la creación de la Guardia Nacional, la nueva reforma educativa, los avances en materia de salud con el etiquetado nutricional y la revocación de mandato como mecanismo para garantizar que la ciudadanía decidiera la permanencia de sus gobernantes.
Además, Armenta subrayó la transformación de las políticas sociales al convertir programas en derechos constitucionales: pensiones para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad y becas para jóvenes.
Recordó también la lucha contra la corrupción mediante reformas que tipificaron como delitos graves el fraude electoral, el robo de hidrocarburos y la facturación falsa, además de la eliminación de la condonación de impuestos que antes beneficiaba a grandes corporaciones.
Ese día, Armenta dejó en claro que el nuevo pacto social no dependía de élites ni de tribunales aislados de la realidad nacional, sino de la voz directa de los ciudadanos. La frase que cerró su discurso, “el pueblo pone y el pueblo quita”, quedó como una sentencia política que hoy, a la distancia, se recuerda como un hito en la tensión entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte, justo antes de que se consumara la reforma judicial que cambiaría para siempre el mapa institucional del país.
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