Una de las empresas de Carolina Martínez e investigada por la Fiscalía le concedió Ricardo Anaya para “pleitos y cobranzas”.
Una investigación de Miguel Ángel Teposteco Rodríguez para Los Reporteros MX revela que el senador panista y ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés omitió en su declaración patrimonial 2025 cuatro empresas vinculadas a su esposa, Carolina Martínez Franco.
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Dichos negocios, ubicados en Querétaro, están relacionados con el sector inmobiliario y la construcción, un ámbito históricamente señalado por presuntos actos de corrupción ligados a gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo con el Registro de Comercio Público Federal, las compañías que no fueron incluidas en la declaración del senador son: Construcción e Inmobiliaria Oriba S. de R.L. de C.V.; Desarrollo Comercial Acueducto, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Real Jacal, S.A. de C.V.; y Juni Serra S. de R.L. de C.V.
Todas ellas presentan actividad vigente y comparten vínculos con el sector inmobiliario. Una de las más relevantes, Juni Serra, es investigada actualmente por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) por su presunta participación en una red de facturación falsa.
El caso involucra a una ex empleada del Servicio de Administración Tributaria (SAT), hoy vinculada a proceso, quien habría beneficiado de forma irregular a esta compañía.
En documentos oficiales, Juni Serra otorga poder a Ricardo Anaya para “pleitos y cobranzas”, lo que establece una relación directa entre el senador y las operaciones de la empresa.
Los Reporteros MX también constató que las compañías continúan activas: Inmobiliaria Real Jacal reporta operaciones desde noviembre de 2024 y se presenta como un bufete jurídico, mientras que Desarrollo Comercial Acueducto obtuvo recientemente una autorización denominada “Autosoportado Denominativo”, otorgada por el gobierno de Querétaro en el primer trimestre de 2025.
Opacidad en la declaración patrimonial de Ricardo Anaya
En contraste con la actividad de los negocios de su esposa, la declaración patrimonial de Ricardo Anaya muestra un perfil de “austeridad extrema”. El legislador no reportó propiedades, cuentas bancarias ni inversiones; solo incluyó su función como senador de la República con un ingreso anual de 625 mil 793 pesos. Ningún dato adicional sobre actividades empresariales o servicios profesionales fue revelado.
Pese a su discurso público sobre la transparencia, Anaya mantiene un historial de opacidad. El 20 de agosto, tras cuestionar la declaración patrimonial del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, afirmó que “es responsabilidad de todos los senadores dar a conocer con claridad cuánto ganan y en qué trabajan”. Sin embargo, el propio panista parece no seguir ese principio en su hogar.
El equipo de Los Reporteros MX confirmó que buscó una postura de la bancada del PAN en el Senado respecto a las omisiones detectadas, pero al cierre del reportaje no hubo respuesta oficial.
Finalmente, el caso se suma a los antecedentes de Anaya en operaciones inmobiliarias irregulares, como el escándalo de su nave industrial. Hoy, con su partido encabezado por Jorge Romero, vinculado al llamado Cártel Inmobiliario, el discurso ético del ex candidato presidencial vuelve a quedar en entredicho.
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