Los analistas advirtieron que las acusaciones contra Rubén Rocha podrían tener consecuencias como sanciones o restricciones.
Analistas consideran que las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, forman parte de una estrategia de presión política hacia México.
TE PUEDE INTERESAR:
Cae en Venezuela a Erika Herrera, suegra y presunta feminicida de Carolina Flores
A su juicio, el contexto y la naturaleza de los señalamientos apuntan a una intención de influir en la relación bilateral.
Los especialistas coinciden en que, si bien las imputaciones por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa representan un hecho inédito por involucrar a funcionarios en activo, el caso enfrenta múltiples obstáculos legales que dificultan su avance en el corto plazo, particularmente en materia de extradición.
En este escenario, advierten que las acusaciones podrían escalar en el terreno mediático y diplomático, con posibles consecuencias como sanciones o restricciones, sin que necesariamente se traduzcan en acciones judiciales inmediatas en territorio mexicano.
Acusaciones a Rubén Rocha buscarían generar presión a México
De acuerdo con el abogado Walter Piñeiro Bertello y el politólogo Javier Martín Reyes, entrevistados por El Universal, el caso enfrenta un escenario complejo tanto en el ámbito jurídico como político, con pocas posibilidades de avanzar en el corto plazo.
Piñeiro explicó que la eventual extradición de Rocha Moya depende de que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos en el tratado bilateral entre México y Estados Unidos, lo que implica la presentación de pruebas suficientes que acrediten la probable responsabilidad del acusado.
Hasta ahora, señaló, las autoridades mexicanas han advertido que la petición no reúne dichos elementos, lo que frenaría el proceso.
El especialista añadió que, al tratarse de un gobernador en funciones, el caso se complica por el fuero constitucional, por lo que sería necesario un proceso de desafuero o incluso la renuncia del mandatario para que pudiera ser juzgado.
“De momento, así como están las cosas, no va a pasar nada”, afirmó, aunque dejó abierta la posibilidad de que el caso escale si Washington presenta una nueva solicitud con pruebas más sólidas.
Por su parte, Martín Reyes sostuvo que el caso tiene un componente mediático y forma parte de una estrategia de presión política más que de una acción judicial inmediata.
“No se observan condiciones para acciones legales extraterritoriales contra un mandatario en funciones, aunque sí podrían escalar medidas como sanciones o cancelación de visas”, explicó.
Ambos especialistas coincidieron en que, a diferencia de otros casos como el de Nicolás Maduro, no existe aún una narrativa consolidada que permita prever acciones más contundentes.
En ese sentido, consideraron que las acusaciones buscan generar presión en la relación bilateral, sin que ello implique una ruptura entre ambos países.
Acusaciones de EU tendrían implicaciones en seguridad y comercio
En entrevista con Milenio, el experto en seguridad Javier Oliva calificó las acusaciones como un hecho “crítico” y sin precedentes, al involucrar a un gobernador en funciones, además de otros actores políticos.
Oliva destacó que este tipo de señalamientos ya había sido anticipado por autoridades estadounidenses, lo que refuerza la idea de una estrategia previamente delineada desde Washington.
Subrayó que se trata de acusaciones de gran peso, al provenir de instancias como el sistema judicial del estado de Nueva York, donde han sido procesados narcotraficantes de alto perfil como Joaquín Guzmán Loera.
El especialista consideró que el gobernador sinaloense enfrenta una posición política debilitada, en medio de un contexto de violencia en la entidad y de señalamientos previos que agravan su situación.
Asimismo, advirtió que el impacto del caso podría ir más allá del ámbito de seguridad, al incidir en la relación económica entre ambos países.
En particular, señaló que estas acciones podrían estar vinculadas a presiones en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, cuyas negociaciones se encuentran próximas.
“Esta acusación no sólo debe analizarse desde el combate al narcotráfico, sino también por sus implicaciones en las relaciones comerciales”, apuntó, al sugerir que el endurecimiento de la postura estadounidense podría influir en decisiones estratégicas sobre el futuro del acuerdo trilateral.
No olvides seguirnos en FACEBOOK, X, INSTAGRAM, YOUTUBE y TIKTOK
