Sheinbaum explicó que la ley busca establecer un marco jurídico integral para garantizar los derechos colectivos de estos pueblos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la iniciativa de la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos ya está concluida y será sometida a una consulta nacional con las comunidades indígenas y afromexicanas antes de enviarse al Congreso de la Unión.
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El proyecto, elaborado durante año y medio, busca establecer por primera vez un marco jurídico integral para garantizar los derechos colectivos de estos pueblos y beneficiar a más de 25.8 millones de personas.

Durante la conferencia matutina, en la que participaron integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la mandataria explicó que la consulta es un requisito constitucional derivado de la reforma al artículo 2 de la Constitución.
“La Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas que debe de ser consultada para cumplir con la Constitución hay un trabajo que se ha hecho ya, pues prácticamente llevan año y medio trabajando en la Ley y ya está lista”, afirmó.
La consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos permitirá a cada comunidad deliberar, respetando sus formas tradicionales de organización, mediante asambleas, explicó así la consejera jurídica de la presidencia María Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde… pic.twitter.com/UAcKMWbMu9
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La consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que el proceso de consulta abarcará 16 mil 728 comunidades indígenas y afromexicanas del país, correspondientes a 69 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano, con el objetivo de incorporar sus propuestas antes de que la iniciativa sea presentada al Poder Legislativo.
Sheinbaum presenta Ley de Derechos de Pueblos Indígenas
La convocatoria, organizada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, contempla cinco etapas que concluirán el próximo 12 de octubre con la entrega formal de la iniciativa a la Cámara de Diputados.

Entre el 1 de julio y el 6 de agosto se realizará una campaña de difusión para explicar el contenido del proyecto.
Posteriormente, del 7 de agosto al 13 de septiembre, las comunidades deliberarán la propuesta mediante 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo especializadas, respetando sus formas tradicionales de organización.
#Entérate| Así firmó la presidenta #ClaudiaSheinbaum (@Claudiashein) la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos e inicia la consulta en las comunidades para escuchar sus opiniones y que, con miras al 12 de octubre, sea entregada a la Cámara de Diputados.… pic.twitter.com/p1EG42QiAz
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Del 21 de septiembre al 11 de octubre se analizarán las observaciones y propuestas surgidas durante la consulta para incorporarlas al texto final de la iniciativa, que será presentada al Congreso el 12 de octubre.
Los ocho puntos de la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas
El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, explicó que la iniciativa está integrada por ocho libros y un régimen transitorio, resultado de 148 reuniones de trabajo con 35 dependencias federales, especialistas y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.

Además, cuenta con observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas relacionados con el acceso a la justicia.
El funcionario destacó que, por primera vez en más de dos siglos de vida independiente del país, México contará con una legislación específica para regular los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Entre los principales ejes de la propuesta se encuentra el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, otorgándoles personalidad jurídica y patrimonio propio, así como el fortalecimiento de su libre determinación y autonomía.

La iniciativa también incorpora:
- Disposiciones para proteger los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos.
- Medidas para personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad.
- Mecanismos para garantizar la consulta y el consentimiento libre, previo e informado en decisiones que afecten a las comunidades.
- Esquemas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
- Reglas para la asignación directa de recursos públicos.
- Procedimientos de defensa jurídica, incluido el juicio de amparo indígena y afromexicano.
De acuerdo con el Gobierno de México, el proyecto busca concentrar en una sola legislación derechos que históricamente habían sido regulados de manera dispersa, através de un marco legal integral para fortalecer la participación política, la protección del territorio, la identidad cultural y el acceso efectivo a la justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
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