Roberto Borge tuvo que cubrir una garantía de 10 millones de pesos para continuar su proceso por lavado de dinero desde su casa.
Después de permanecer nueve años privado de la libertad, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, abandonó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en Morelos, para continuar el proceso penal que enfrenta bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria.
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La decisión se hizo efectiva luego de que un juez federal autorizara el cambio de medida en el proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
Roberto Borge sale de la cárcel tras 9 años
El exmandatario, detenido en Panamá en 2017 y extraditado a México en enero de 2018, dejó el penal tras haber sido absuelto en mayo pasado del delito de delincuencia organizada, por lo que el único proceso federal que permanece vigente en su contra corresponde a la presunta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con la venta irregular de inmuebles durante su administración estatal.
Las autoridades federales confirmaron que Borge permanecerá en un inmueble del Estado de México, donde portará un brazalete electrónico y deberá cumplir diversas restricciones impuestas por el juez.
La salida de Roberto Borge del CEFEREPSI ocurre como resultado de una resolución judicial emitida desde 2023, cuando un juez federal concedió al exgobernador la posibilidad de enfrentar el proceso por lavado de dinero bajo prisión domiciliaria, siempre y cuando cumpliera con el pago de una garantía económica de 10 millones de pesos y señalara un domicilio donde permanecería sujeto a vigilancia electrónica.
No obstante, la medida se concretó hasta ahora, una vez que quedó firme su absolución por el delito de delincuencia organizada.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el proceso pendiente está relacionado con presuntas operaciones irregulares derivadas de la venta de 25 inmuebles cuyo valor comercial habría rondado los 5 mil millones de pesos. Aunque el exmandatario consiguió desestimar otras acusaciones del fuero común, el juicio por lavado de dinero continúa su curso y deberá enfrentarlo desde su domicilio bajo supervisión de las autoridades federales.
Las acusaciones contra Roberto Borge
Las investigaciones contra Roberto Borge se originaron tras concluir su administración como gobernador de Quintana Roo, cargo que desempeñó entre 2011 y 2016. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que durante su gobierno se cometieron irregularidades que ocasionaron un presunto daño al erario superior a 900 millones de pesos, principalmente por la venta de predios pertenecientes a la reserva territorial del estado a precios considerablemente inferiores a su valor real.
Según las indagatorias, dichas operaciones habrían beneficiado a prestanombres y empresas fachada mediante la enajenación de 22 predios administrados por el Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE), cuyos bienes posteriormente habrían sido ocultados para dificultar el rastreo de su origen.
Finalmente, la FGR también lo investigó por delincuencia organizada, acusación de la que finalmente fue absuelto. Sin embargo, la causa penal por lavado de dinero permanece abierta, por lo que el exgobernador continuará sujeto a proceso mientras cumple prisión domiciliaria en el Estado de México. Su caso sigue siendo uno de los expedientes de corrupción política más representativos de los últimos años en México.
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