El Colegio ODI no aparece en los registros federales de la SEP porque el permiso habría sido otorgado por el gobierno estatal.
Con base en una investigación de OEM-El Sol de México, el Colegio ODIO en Mazatlán dedicado a la educación preescolar y primaria aparece vinculada documentalmente con personas señaladas por autoridades de Estados Unidos como presuntos operadores financieros de Los Chapitos, una de las principales facciones del Cartel de Sinaloa.
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La investigación periodística identifica al Colegio ODI como parte de un grupo de empresas relacionadas con la familia de José Raúl Núñez Ríos, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente encabezar una red de lavado de dinero para financiar actividades del narcotráfico.

De acuerdo con la indagatoria, mientras avanzaba la carrera política del hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el conglomerado de compañías presuntamente vinculadas a Los Chapitos creció alrededor de 60 por ciento en Mazatlán.
Colegio ODI sería parte de una red de lavado de dinero
Aunque el gobierno estadounidense hizo públicas 10 empresas presuntamente utilizadas para lavar recursos provenientes del tráfico de drogas, especialmente fentanilo, la investigación de OEM localizó otras seis sociedades relacionadas, entre ellas el Colegio ODI.
Los documentos consultados revelan que José Raúl Núñez registró la marca Colegio ODI ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en abril de 2022. Sin embargo, el domicilio utilizado para dicho trámite correspondía a un local ocupado por MUE Renta y Venta de Vestidos, empresa incluida posteriormente entre las compañías sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. A pesar de ello, el colegio no fue mencionado de manera explícita en la lista oficial de empresas bloqueadas.

La investigación también documenta que la escuela fue constituida formalmente el 6 de octubre de 2022 por María Dolores Ríos Angulo y Gilberto Núñez Fernández, padres del presunto operador financiero. No obstante, la institución se promociona públicamente como un plantel con 25 años de experiencia, aunque en la documentación revisada no se encontraron registros que acrediten una operación previa bajo otra razón social. Asimismo, la representante legal del colegio es Mayra Lorena Núñez Ríos, integrante de la misma familia.
Otro de los hallazgos expuestos por OEM señala que el inmueble donde opera el Colegio ODI fue arrendado mediante un contrato en el que la representante legal de la escuela acordó pagar una renta mensual de 50 mil pesos a María Dolores Ríos Angulo, quien también figuraba como accionista de la institución. Posteriormente, en noviembre de 2024, las acciones del colegio fueron transferidas gratuitamente a nuevos propietarios, aunque la representación legal permaneció sin cambios.

La institución privada estaría ligada a inmobiliarias
La investigación también establece vínculos entre integrantes de la familia Núñez y otras sociedades mercantiles relacionadas con inmobiliarias, agencias de publicidad, actividades agropecuarias y constructoras. Algunos de estos negocios aparecen en la red empresarial señalada por autoridades estadounidenses, mientras que otros fueron identificados exclusivamente mediante consultas a registros públicos y solicitudes de transparencia realizadas por el equipo periodístico.
Entre los elementos adicionales destaca que el Colegio ODI no aparece en la base de datos federal de escuelas con registro oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aunque la dependencia respondió que el otorgamiento de esa autorización corresponde al gobierno estatal de Sinaloa.

La escuela continúa operando y mantiene actividad en redes, donde comparte testimonios positivos de padres de familia sobre su modelo educativo.
Hasta el cierre de la investigación, José Raúl Núñez y su esposa, Sheila Paola Urías Vázquez, también señalada por Estados Unidos, permanecían en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Ambos promovieron recursos legales contra el congelamiento de sus cuentas bancarias, aunque las medidas cautelares fueron negadas mientras continúan los procesos judiciales. OEM informó que buscó la postura de los involucrados antes de la publicación, pero no obtuvo respuesta.

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